No es una enfermedad, pero puede acarrear muertes: la pobreza energética se cobra más de 7.000 vidas al año en un país en el que dos de cada diez hogares no pueden encender la calefacción, ni cocinar ni iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar las facturas energéticas.
Una de esas vidas fue la de Rosa, la anciana de 81 años que falleció esta semana en Reus por el incendio que provocó una de las velas con las que se tenía que alumbrar desde hacía dos meses y que, según varias asociaciones, no será la última si no se toman medidas urgentes.
Esta pobreza la padece un hogar que "no recibe una cantidad adecuada de servicios de energía por dificultades de pagar la factura", según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), autora de la última radiografía sobre esta patología en España.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que un 11 % de los núcleos familiares, compuestos por más de cinco millones de personas, son incapaces de calentarse en los meses más fríos, y un 9,4% tiene retrasos en los pagos de facturas. Sus efectos van mucho más allá del no poder encender la luz o comer caliente: la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales -asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad- y con el aumento de la mortalidad por patologías cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 años en invierno.
Con todo ello, ACA calcula que podría estar detrás de 7.200 muertes prematuras al año, muchas más que las provocadas por accidentes de tráfico. Si casos como el de Rosa no son más numerosos es gracias a la terapia que despliegan organizaciones que tratan de impedir que las personas más vulnerables no puedan accionar ningún interruptor en sus casas. Por ejemplo, Cruz Roja atendió el pasado año a 16.887 hogares para ayudarles en el pago de casi 30.000 facturas de luz, gas y agua, a las que esta organización destinó 4,3 millones de euros.
Una cifra que alarma aún más si se tiene en cuenta que solo un año antes había desembolsado 2,5 millones, comenta Fernando Cuevas, responsable de los proyectos de extrema vulnerabilidad.
Cuevas afirma que en los últimos meses han notado un acercamiento de las compañías, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural, con las que se han suscrito convenios para garantizar que nadie desfavorecido se quede sin energía.
las claves
La Generalitat de Cataluña investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables
Podemos preguntará el miércoles al ministro de Energía, Álvaro Nadal, qué medidas prevé el Gobierno para proteger a los "cinco millones de personas" que padecen esa situación.