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Fomento estudiará diez días la propuesta de CC para mejorar los vuelos entre Islas

El consejero autonómico de Turismo y Transportes reclama del Gobierno Central que fije una nueva estructura de la obligación de servicio público basada en un incremento de las frecuencias de los vuelos, en unos horarios más adecuados y en una política tarifaria más homogénea.

EFE, Madrid
11/ene/02 19:40 PM
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El consejero Becerra anunció ayer que Fomento ha pedido diez días para estudiar la propuesta del Gobierno Canario, presidido por el nacionalista Román Rodríguez, de fijar un nuevo modelo de obligación de servicio público del transporte aéreo interinsular que satisfaga las necesidades de los usuarios.

Becerra y el director general de Transporte del Gobierno Canario, Francisco Zumaquero, que se reunieron, en el seno de la Comisión Mixta de Transporte Aéreo, con el director general de Aviación Civil, Enric Sanmartí, y otros altos cargos del Ministerio, analizaron la situación del transporte aéreo entre las Islas.

Reunión "dura"

Becerra pidió que el Gobierno Central, a través de la Dirección General de Aviación Civil y de la comisión mixta, "establezca las cláusulas suficientes de salvaguarda dentro de la obligación de servicio público, para que cualquier variación sustancial en el modelo actual pueda tener la corrección necesaria con la prontitud que un servicio esencial así lo demanda". Dijo que, a pesar de "la dureza" de la reunión, había ofrecido al Estado "la máxima disponibilidad" del Gobierno Canario para alcanzar un acuerdo, "siempre y cuando" en el mismo se recojan los principios básicos planteados por el Ejecutivo Autónomo.

Pidió también que durante el plazo de diez días fijado por el Ministerio para estudiar los planteamientos canarios haya una comunicación permanente entre los técnicos de ambas administraciones. Juan Carlos Becerra expresó su deseo de que en la próxima reunión del día 22 se produzcan los avances suficientes para que en la siguiente convocatoria de la comisión mixta se cierre un acuerdo.

Becerra señaló que la obligación de servicio público que se fijó en 1998 y venció en diciembre de 2000 fue "un avance muy importante" para resolver el problema de la movilidad de los canarios "pero ya no servía", y recalcó que no se trata de "un instrumento monopolista", sino de una salvaguarda.

El consejero planteó a los representantes del Ministerio que la posición de la compañía Binter Canarias de incrementar las tarifas "no procede". A su juicio, la estructura económica de Binter Canarias y sus resultados de beneficios pueden justificar unos cambios de tarifas basados en el IPC "pero nunca" en otros criterios vinculados a cuestiones coyunturales, como por ejemplo los sucesos del 11 de septiembre, que en el caso de Canarias no han influido, ya que el mercado no ha perdido usuarios sino que ha crecido.