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El Gobierno reconoce que existió descoordinación en las Directrices

El Ejecutivo Canario decidió ayer unificar los equipos de trabajo que revisarán el documento de ordenación territorial para evitar que se repitan datos dispares o contrarios, como en el avance del texto. Faustino García será el encargado de coordinar el proceso.

19/ene/02 16:25 PM
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Entre licencias y ecotasas

El portavoz del Gobierno, Pedro Quevedo, se refirió ayer a los pronunciamientos judiciales que deniegan la suspensión cautelar de licencias para construir instalaciones turísticas en los municipios de Mogán y La Oliva y destacó que "son consecuencia del debate anterior", en referencia al período en el que la norma era el decreto de moratoria del mes de enero, que culminó con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Ambos ayuntamientos aprovecharon una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que derogaba el primer decreto de la denominada moratoria para aprobar nuevas licencias. Respecto al desbloqueo judicial de la ecotasa balear, el portavoz insistió en que el Gobierno Canario no debate la conveniencia de implantar esta tasa en el Archipiélago puesto que el sistema impositivo de las Islas cubren el objeto de esta imposición.

TRAMITACIÓN
Muy ajustados
de tiempo

El Ejecutivo Canario espera poder remitir el texto definitivo de las Directrices de Ordenación General y del Turismo, que tiene que ser "muy solvente y preciso", al Parlamento Autónomo antes del 27 de julio, por lo que se marca un plazo de seis meses para estudiar las alegaciones, negociar con las corporaciones insulares y locales, incorporar las modificaciones, aprobar el texto inicialmente, someterlo a información pública, incorporar las nuevas alegaciones y dirigirlo a la consideración de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El portavoz del Gobierno Canario, Pedro Quevedo, agregó que el plazo estimado será ampliado si el proceso y las negociaciones así lo requieren.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno subrayó la potencialidad de las Directrices de Ordenación General y del Turismo para intervenir en la regulación del crecimiento demográfico, una cuestión que preocupa a la mayor parte de la población, consideró. Aunque "es pronto para hablar de la forma" en la que se tratará de controlar la demografía, Pedro Quevedo destacó, como una de las posibilidades, que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se invierta en renovar planta alojativa obsoleta y no en la construcción de nuevas instalaciones, medida económica que incidirá en la regulación de la población.

EL DÍA/EFE, Tenerife/Las Palmas

El Gobierno de Canarias reconoció ayer que faltó coordinación y un criterio común en el proceso de elaboración del avance las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Con el fin de que no suceda lo mismo en la revisión del documento y por "sensatez", el Ejecutivo decidió ayer unificar los equipos de trabajo de las consejerías de Turismo y Política Territorial. Los técnicos tendrán que analizar las 60 alegaciones que se han presentado en el primer plazo de información pública.

Así lo afirmó el portavoz del Ejecutivo Canario, Pedro Quevedo, tras la reunión mantenida por el presidente, Román Rodríguez, y los titulares de esos departamentos autonómicos, Juan Carlos Becerra y Fernando González, para evaluar la segunda fase de la elaboración de las Directrices, que culminó con la recogida de alegaciones durante el período de información pública.

El presidente y los consejeros coincidieron en la conveniencia de unificar los equipos de trabajo, cuyo coordinador técnico será Faustino García Márquez, dada la "dimensión extraordinaria del proceso", lo que evitará los datos contrarios o dispares que aparecen en el avance.

La disparidad de datos responde, según Quevedo, a que una misma cuestión ha sido analizada con distintos criterios, cuestión que quedará zanjada porque el nuevo equipo unificará los métodos de trabajo.

Consenso institucional

El avance de las Directrices ha recibido un total de 60 alegaciones o sugerencias "de todo tipo, unas interesantes pero algunas también interesadas y sectoriales", por lo que el equipo tendrá que evaluar todas para depurar las propuestas concretas y valorar su incorporación al texto, al tiempo que los consejeros autonómicos negociarán con Cabildos y ayuntamientos un acuerdo que de solidez a la ley definitiva.

"A nadie le interesa que no exista consenso, pero cada institución tiene su responsabilidad, la voluntad del Gobierno es tratar de garantizar el máximo consenso o la ley puede perder eficacia", añadió Quevedo.

El portavoz del Ejecutivo Canario destacó que, aunque en la reunión no se entró en detalles, las alegaciones ponen de relieve "una gran disparidad porque vienen de sectores contrapuestos" y llamó la atención sobre la preocupación de un pequeño grupo por la contaminación lumínica frente a lo alegado por otros colectivos.

En cualquier caso, el Gobierno Autónomo "agradece la colaboración de las asociaciones e instituciones en este importante proyecto" del Ejecutivo, ya que "lo preocupante sería que no se produjeran alegaciones", agregó Quevedo.