Canarias

Migraciones que dan migraña

El último padrón, que registra un aumento de la población isleña de 65.900 personas en un solo año, reabre el debate sobre la conveniencia de establecer limitaciones a la entrada de nuevos residentes.

20/ene/02 16:25 PM
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Los datos del último padrón indican que Canarias contaba a 1 de enero de 2001 con 1.781.366 habitantes, lo que supuso un incremento de 65.900 personas con respecto al año 1999 (un 3,8 por ciento). Estas cifras han reabierto con fuerza un debate que ya se empezaba a intuir hace apenas un par de años: el del control de la residencia. Para hablar sobre la población del Archipiélago y la conveniencia o no de aplicar medidas reguladoras sobre la misma, EL DÍA sentó en torno a su última mesa de debate al secretario general del PP canario, Pablo Matos; al portavoz adjunto de CC en el Parlamento Autónomo, Alfredo Belda; al presidente del Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife, José Vicente González; al presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García Ramos; al catedrático de Psicología Pedro Hernández y al catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna Juan Francisco Martín.

Casi todos los participantes estuvieron de acuerdo en que los últimos datos conocidos y la proyección que se pueda realizar de los mismos de cara a los próximos años hacen necesario un debate profundo, aunque discreparon sobre las formas de afrontar la extensión en el tiempo del "boom demográfico". Una opinión que no compartió Juan Francisco Martín. A su juicio y con los datos en la mano, ni siquiera la inmigración ilegal constituye motivo para la alarma que se está generando, "que es, sobre todo, resultado de la creación de opinión por parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación. No hay razones demográficas - continuó - que hagan necesaria una ley de residencia".

La formulación de una normativa de este cariz concitó el rechazo de tres de los invitados (Pablo Matos, José Vicente González y Juan Francisco Martín) y el respaldo de otros tantos (Alfredo Belda, Juan Manuel García Ramos y Pedro Hernández).

Los argumentos favorables se centraron, fundamentalmente, en la limitada capacidad de carga que tiene un territorio insular y frágil como el canario y el continuo flujo de inmigración - legal e ilegal - que se está produciendo en el Archipiélago. Los argumentos contrarios se sustentaron, aparte de la interpretación de los datos, en la dificultad de introducir una ley de residencia en la Europa comunitaria, donde se consagra la libre circulación de las personas.

Belda apostó por un diálogo serio con el Estado y la Unión Europea para establecer algún control a la residencia, fundamentalmente al abrigo del artículo 299.2 del Tratado de la Unión, que fija el Estatuto Permanente de Canarias. Esta vía sería la puerta que abriría los mecanismos de regulación, porque permite, en su opinión, modulaciones en la aplicación del derecho comunitario. El ritmo de crecimiento de la población no sería asumible por las Islas y habría, entonces, que tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

García Ramos recordó que su partido ya planteó en el 98 una propuesta de ley reguladora de la residencia y argumentó que el incremento de población entre 1940 (690.294 habitantes) y 2000 (1,8 millones), además del aumento de las plazas hoteleras (1.178 en el año 1958 y 450 mil hoy en día) justifica la adopción de la medida. Explicó que en la Unión Europea existen excepciones a la libre circulación de personas y trabajadores y citó a las islas aglonormandas (las islas del Canal de La Mancha), Luxemburgo e, incluso, Marsella, entre otras. El presidente del PNC argumentó que las Islas no están cohesionadas socialmente y que acecha el peligro de brotes xenófobos con la llegada de los inmigrantes irregulares. Un flujo migratorio que se puede incrementar también con la próxima ampliación de la UE a los países del Este.

La discusión abierta tampoco obvió el debate sobre el crecimiento económico. En este sentido, Pablo Matos, que se mostró contrario al establecimiento de una ley de residencia, apostó por establecer límites a la población de manera indirecta, moderando el ritmo de crecimiento económico. Se trata de hacer realidad los principios del desarrollo sostenible. Matos, que destacó también la alta densidad de población del Archipiélago, distinguió entre los problemas que pueda acarrear ese índice del fenómeno de la inmigración irregular. "Básicamente, la mayor parte de foráneos son peninsulares y europeos", subrayó el dirigente popular.

El portavoz del PP también aseguró que jurídicamente la propuesta de ley de residencia podría ser inviable.

Por su parte, el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, José Vicente González, inició su intervención expresando el rechazo de su partido a esa posibilidad, "que impediría la libre circulación de las personas y nos dejaría fuera de la realidad europea". Los socialistas insisten, fundamentalmente, en el control riguroso de la inmigración ilegal y una negociación con Marruecos que permita reconducir los enormes flujos. González insistió en que gran parte de los irregulares llegan por vía aérea, por lo que habría que prestar gran atención a este asunto, además de a las pateras.

De lo redondo a lo cuadrado

Pedro Hernández indicó que es hora de afrontar seriamente el debate, "porque lo que no puede ser es convertir lo redondo en cuadrado". En su opinión, existen varias fórmulas para regular el crecimiento demográfico, como el control de fronteras o el enfriamiento de la economía, pero si el ritmo actual se perpetúa habrá que formular una ley de residencia. "No hay motivos para pensar que la situación vaya a cambiar, por lo que la ley de residencia podría ser imprescindible". Hernández también reflexionó acerca de la pérdida de identidad que se puede dar en las Islas con la llegada de inmigrantes que tienen una difícil integración y señaló que, de manera general, la gente está repudiando el desarrollismo.

El catedrático especificó también lugares en los que existen disposiciones restrictivas sobre la residencia, como Hawai que, aunque es territorio estadounidense, tiene una salvaguarda de este tipo.

Juan Francisco Martín subrayó que demográficamente no se justifica una ley de residencia, independientemente de las dudas que pueda plantear desde el punto de vista jurídico o constitucional.

El geógrafo indicó que cuantitativamente la inmigración más importante es la proveniente de la Península y de Europa y rechazó los argumentos esgrimidos en el debate sobre la presunta superpoblación del Archipiélago y las comparaciones que se efectúan con otras islas del mundo para intentar demostrar que Canarias tiene una de las densidades más altas del mundo.

Martín aseguró que en estos momentos, cuando existe un continente que se está muriendo de hambre, como es África, no se puede limitar la entrada a estas personas y cortarles casi la única vía para la esperanza y para su propia supervivencia.