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España reafirma la legalidad de las prospecciones petrolíferas

El Gobierno Central, tanto por boca de su portavoz como de su ministro de Asuntos Exteriores, rechazó ayer las acusaciones de Marruecos y aseguró que en la autorización de los sondeos a la empresa Repsol-YPF se ha cumplido la ley y que mantendrá su decisión.

EFE, Madrid
2/feb/02 20:27 PM
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El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, señaló ayer que España no tiene dudas sobre la legalidad internacional que asiste a la concesión de una prospección petrolera entre Canarias y el litoral marroquí y, por tanto, mantendrá esa decisión.

El jefe de la diplomacia española dijo que "estamos convencidos del cumplimiento de la legalidad internacional" y agregó que "cuando no hay un acuerdo bilateral se aplica la línea de equidistancia y los gobiernos actúan en función de esos criterios".

El ministro insistió en que el Gobierno Español "no va a cambiar de actitud ni de posición, que es muy clara: estamos interesados en tener la mejor relación posible con Marruecos, lo más estrecha posible, tenemos un interés estratégico en la región y queremos que el embajador finalice su período de consultas y regrese" para que "las relaciones se vuelvan a instalar en la normalidad más absoluta".

"Sorprendente"

También el ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, se refirió ayer a este asunto y aseguró que las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol están recogidas en la legislación marroquí, española e internacional, y consideró "sorprendente" que Marruecos reclame por esta decisión cuando Rabat ha adoptado decisiones similares en los dos últimos años.

En la conferencia de Prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Cabanillas subrayó que la actuación del Gobierno en este asunto ha estado presidida siempre por la "transparencia", recordó que hace un año fueron publicadas en el BOE estas autorizaciones y "fueron transmitidas a las autoridades marroquíes la ultima vez por el secretario de Asuntos Exteriores, en octubre".

El portavoz del Ejecutivo recalcó, por tanto, que el conocimiento del caso por parte de las autoridades marroquíes es "real", aunque precisó que "no existe acuerdo entre las dos partes a la hora de la delimitación".

En cualquier caso, el ministro destacó que tanto la legislación marroquí, como la española y la internacional determinan que para casos como éste, en el que no hay acuerdo entre ambos países, debe aplicarse "la regla de la equidistancia".

Tratamiento similar

"Todas esas concesiones es-tán dentro de la zona que vendría delimitada por trazar esa línea de equidistancia", dijo Cabanillas, quien recordó que esta actuación "no ha sido sólo una iniciativa única del Gobierno Español", sino que Marruecos "en el 2000 y 2001 hizo exactamente lo mismo".

Por ello, a juicio del Ejecutivo español, "es hasta cierto punto sorprendente que ahora se reclame sobre algo que está permitido por la le-gislación marroquí, la española y la internacional, y que ha sido objeto de tratamiento similar por las autoridades marroquíes en el pasado".

El jueves, el ministerio marroquí de Asuntos Exteriores remitió una nota de protesta a la Embajada de España en Rabat, en la que califica la decisión del Gobierno Español de "inaceptable" e "invita encarecidamente a España a suspender su aplicación".

Considera la decisión del Gobierno Español como un "acto unilateral, discutible y hostil" porque "atenta contra los derechos inherentes a la soberanía marroquí sobre su plataforma continental - que se extiende mucho más allá de la línea mediana - , en tanto que es una prolongación de su territorio bajo el mar".