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Una sentencia del TSJC garantiza el uso público del Camino de Lomada Grande

De esta manera, se desestima el recurso interpuesto por la entidad Eco Casa La Palma S.L, propietaria de una finca atravesada por este camino, que en 1997 valló la zona impidiendo que fuera transitada, lo que provocó la queja vecinal y la actuación del Consistorio de Garafía.

EL DÍA, Garafía
15/feb/02 21:30 PM
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Garafía ante la demanda presentada por la entidad Eco Casa La Palma S.L., como propietarios de una finca situada en el municipio, frente a la decisión de dicha Corporación de abrir un camino público que atraviesa la parcela y que transita desde Las Tricias hasta hasta Lomada Grande.

La sentencia emitida por el alto tribunal aclara que dicho camino, aunque es poco transitado, tiene carácter público y como tal dominio es imprescriptible e inembargable y por lo tanto no procede su cierre, tal y como pretendían los propietarios que habían adquirido la finca, provocando la queja vecinal y la correspondiente actuación del Consistorio municipal.

De esta manera, se desestima el recurso interpuesto por la parte demandante y se da por buena la acción emprendida por el Ayuntamiento para garantizar la total apertura del camino que motivó la denuncia.

Rechazo vecinal

El expediente administrativo remitido a la sala se remonta al verano de 1997, cuando un grupo de vecinos de la localidad protestaron por el vallado realizado por los propietarios de una finca, el cual impedía el paso por un camino que atravesaba la misma.

Este trayecto, que se considera una ramificación de un camino real que circunvala el municipio y llega hasta el Puerto de Lomada Grande, se cataloga como un antiguo lugar de paso y transporte para mercancías y materiales que, aunque con el tiempo y con la aparición de otros enlaces disminuyó en uso, no fue sellado totalmente hasta 1997.

El cierre del camino motivó un acuerdo plenario, en diciembre de 1998, en el que se recogía la intervención del Consistorio a fin de garantizar el uso público del mismo. Este acuerdo estuvo motivado en gran parte por la presión social suscitada en el municipio, una vez se tenía constancia de la intervención particular de los propietarios de la finca que atraviesa el paso, cerrando su uso mediante un vallado.

Transcurridos varios años y tras el recurso interpuesto por la entidad Eco Casa La Palma S.L., el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha venido a corroborar que la protesta vecinal tenía sentido y su argumentación era legítima, según recoge la sentencia.