¿Necesita Canarias una ley de residencia que impida la llegada masiva de inmigrantes a las Islas? ¿Es ésta la única vía que existe en la actualidad para controlar el crecimiento de población en el Archipiélago? ¿Qué posibilidades hay de que la Unión Europea acepte una norma que restrinja el movimiento de personas en una parte de su territorio que, además, recibe un im-portante volumen de ayudas?
Estas cuestiones reflejan de modo sucinto el debate que desde hace unos meses permanece abierto en la sociedad canaria con motivo de la masiva llegada de inmigrantes, tanto legales como ilegales, al Archipiélago y que coincide precisamente con el anuncio de un ambicioso plan por parte de la Comisión Europea para fomentar la movilidad laboral y geográfica en la UE.
Son pocos los que dudan de la necesidad de regular la llegada de foráneos. El problema surge a la hora de buscar las medidas a aplicar. Por un lado están los que defienden abiertamente la puesta en marcha de una ley de residencia, impidiendo así que la población de las Islas siga creciendo sin ningún tipo de control.
Enfrente se encuentran quienes prefieren resolver primero los problemas intrínsecos que tiene Canarias y que, en gran medida, favorecen la arribada de nuevos residentes al Archipiélago.
Un problema que irá a más
Entre estos últimos se encuentra el eurodiputado del Partido Popular Fernando Fernández, quien es partidario de regular la llegada de inmigrantes, pero advierte de que "éste es un tema del que hay que hablar con mucho rigor".
A su juicio, "algunos políticos en Canarias llevan muchos años hablando de la ley de residencia con cierta irresponsabilidad y con bastante desconocimiento".
Aunque reconoce que la llegada de inmigrantes legales que vienen a trabajar al Archipiélago es "un problema serio", también advierte de que "en términos de legislación comunitaria hoy en día no es defendible establecer límites al tráfico de personas".
Fernando Fernández prefiere utilizar otros argumentos a la hora de abordar este problema. En primer lugar, hace hincapié en que mientras Canarias "sigue teniendo una importante tasa de paro, desde hace unos años está experimentando una notable llegada de ciudadanos comunitarios que se trasladan a vivir a las Islas".
Por ello, afirma que la primera cuestión que las autoridades del Archipiélago deben plantearse es "por qué aquí los ciudadanos que vienen del resto de España o de Europa encuentran trabajo más fácilmente que los canarios".
En su opinión, la respuesta a esta pregunta "nos lleva al fondo de la cuestión: muchos canarios, o una importante parte de ellos, tienen una formación deficiente".
Con los datos en la mano
El eurodiputado popular considera que "la primera medida que se debe articular, buscando asesoramiento y ayudas externas, es cómo mejorar la educación y la formación de los canarios, pues mientras no se resuelva esto y los jóvenes isleños no tengan una formación de calidad, las empresas de las Islas ofertarán empleo a los europeos y peninsulares".
Fernando Fernández justifica su planteamiento con una serie de datos recientes, que, en su opinión, son muy reveladores: "Canarias es la comunidad autónoma donde un mayor número de jóvenes abandona la enseñanza Primaria. Además, es, junto a otra región española , la que menos alumnos universitarios tiene".
"Esto - apostilla - quiere decir que el sistema educativo no está funcionando bien y que tiene algunas carencias que se deben remediar".
El eurodiputado popular también cuestionó que se quiera limitar la llegada de inmigrantes aprovechando las Directrices Generales de Ordenación del Territorio y del Turismo. Para Fernando Fernández, "algunos no se han dado cuenta de que el comunismo quebró hace tiempo y que la economía planificada no ha funcionado en ningún sitio".
"Eso se descalifica solo"
"A mí me parece - agrega - que utilizar el debate sobre el desarrollo sostenible, tal y como he oído desde las altas instancias del Gobierno de Canarias, para intentar que la economía crezca menos, ofertar menos empleos y que así vengan menos residentes es un asunto que en sus propios términos se descalifica solo".
A su juicio, "Canarias debe hacer uso de la competencia que en materia de extranjería le otorga el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía y establecer un diálogo con el Gobierno Central y con la Comisión Europea para tratar de buscar una fórmula que atempere la situación actual". No entiende cómo en los 20 años de vigencia del citado texto no se ha legislado nunca en este sentido.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
