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González ratifica en el juzgado las irregularidades del "caso Jinámar"

El consejero de Política Territorial ratificó ayer ante el fiscal del TSJC su denuncia de malversación de fondos públicos, defraudación y falsificación de documentos en el período de su predecesor en el cargo.

EFE, Las Palmas
20/feb/02 16:26 PM
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El consejero canario de Política Territorial y Medio Ambiente, Fernando González, ratificó ayer ante el fiscal la denuncia por supuestas irregularidades en el "caso Jinámar" y dijo que no anulará la cesión de terrenos por "error", como propuso el Ejecutivo, hasta tener nuevos informes jurídicos.

"No hay otra alternativa que ratificarse en la denuncia que se presentó en su momento", aseveró González tras comparecer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El consejero justificó su insistencia en que los hechos en que se basó su iniciativa no han cambiado y "están ahí".

En cuanto a la orden para hacer efectiva la anulación de la cesión de terrenos a la empresa Horneras por un "error de hecho" en la protocolización, como propuso el informe jurídico aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado mes de diciembre, González dijo que se han recibido alegaciones de Parque Marítimo de Jinámar que hay que resolver primero.

"No puedo decir si se va a sacar la orden o no", agregó González, quien dijo que no existe un dictamen definitivo de la orden que se va a sacar, "si se saca", lo que dependerá de los nuevos informes solicitados sobre dichas alegaciones, que contienen "algunos argumentos sólidos", según declaró el secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, Ruperto Matas.

La vía judicial

Matas subrayó que, desde el punto de vista de registro y de inventario, los terrenos son de la Comunidad Autónoma, y agregó que la Secretaría General Técnica comparte la tesis de que no se puede dictar una orden que declare incorrecta la adjudicación de parcelas porque considera que "no existe error administrativo".

También dijo estar de acuerdo con la propuesta de que, si se ha de anular la cesión, no se haga por la vía de declarar incorrecta la protocolización, sino por la judicial, aunque precisó que "por encima están los Servicios Jurídicos" del Gobierno Canario.

Como argumento de su postura, señaló que, en caso de anularse la cesión de terrenos mediante una orden, "si los principales beneficiarios nos amenazan con la cárcel y dicen que es prevaricación, yo estoy por decir que tienen la razón; por eso soy partidario de la vía judicial".

Por otra parte, aludió al cambio de funcionarios y al tiempo pasado para intentar dar una explicación al hecho de que no se conociera el expediente de 1996 sobre la cesión de terrenos.