Canarias

González dice que el trámite legal puede complicar las negociaciones sobre Jinámar

El consejero de Política Territorial asegura que la ejecución del polémico Plan Especial del Parque Comercial en el barrio grancanario pasa por desarrollar las condiciones del convenio de 1998 y las órdenes posteriores, que reducían el uso lucrativo de la edificación.

EL DÍA, S/C de Tenerife
23/feb/02 16:26 PM
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El consejero de Política Territorial del Gobierno Canario, Fernando González, manifestó ayer que existe un "acuerdo global" de las partes implicadas en el "caso Jinámar" para desarrollar el plan especial de un parque comercial en el barrio grancanario. Advirtió, no obstante, de que para su formalización es necesario afrontar una serie de procedimientos legales, que pueden llegar, matizó, a variar el resultado de las negociaciones.

González afirmó que todas las partes implicadas (Promociones Hornera SA, Gobierno y ayuntamientos de Las Palmas y Telde) están de acuerdo en que se aplique el procedimiento legal, aunque reconoció que es un factor que "complica las cosas".

Respecto a la propiedad de las dos parcelas (900 y 881), ubicadas en el municipio de Las Palmas, que se cedieron por un "error de hecho" al promotor, como parte de los terrenos de uso edificatorio, indicó que los certificados, emitidos por la Dirección General de Patrimonio, que constan en Política Territorial dicen que las parcelas son de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, González negó que la orden para recuperar dichas parcelas no se vaya a ejecutar y explicó que está en período de respuesta de las alegaciones presentadas por las partes.

El consejero confió en que las diferencias entre las partes se puedan resolver mediante el cumplimiento del convenio de octubre de 1998 y las posteriores órdenes dictadas por Política Territorial hasta el 20 de marzo de 2000, dónde se reducía el uso edificatorio del Plan Especial del Parque Comercial de Jinámar en 8.500 metros cuadrados (en principio era de 125 mil).

González insistió en que se cumplirán las condiciones del convenio de 1998 y aseguró que se respetará el procedimiento legal, aunque resulte "más complicado y se tarde más tiempo".

Indicó que por el momento las órdenes son actos administrativos legales (tanto la de adjudicación de las parcelas, del 5 de julio de 2000, como la del 20 de marzo están sujetas a un contencioso - administrativo), y que, por tanto, se deben contemplar a la hora de tramitar el expediente.

Respecto a la ratificación ante el fiscal del TSJC de sus denuncias, manifestó que su obligación era poner en conocimiento de la justicia unos hechos susceptibles de delito. Asimismo, apostilló que esa "decisión personal" no interfiere en su labor para alcanzar un acuerdo en virtud de las prerrogativas del convenio.