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El Supremo revoca la sentencia que anula la congelación salarial de los funcionarios

La medida, anunciada ayer por unanimidad, conlleva la desestimación de las pretensiones de Comisiones Obreras, que fue el que recurrió dicho punto, por entender que no es "materia de personal", según los datos del citado sindicato. Los funcionarios afectados suman 2,2 millones.

EL DÍA/EFE, Tenerife/Madrid
27/feb/02 21:37 PM
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El Tribunal Supremo revocó ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial de 2,2 millones de funcionarios en 1997 y admitió el recurso de casación presentado por el Gobierno en contra del fallo de la Audiencia, por entender que no es "materia de personal", según Comisiones Obreras.

Fuentes jurídicas dijeron que la decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados que componen la Sala Tercera del Tribunal Supremo: el ponente, Juan José González, y los jueces Ramón Trillo, Fernando Martín, Nicolás Maurandi y Enrique Cáncer.

Por su parte, la letrada de CC.OO que recurrió ante la Audiencia Nacional la congelación salarial, Carmen Perona, explicó que además de anular el fallo de la Audiencia Nacional y admitir el recurso del Gobierno, el Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de CC.OO.

Por ello, anunció que en los próximos veinte días presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de "vulneración de la tutela judicial efectiva". Esa cuestión se basa en que tres de los cinco magistrados que han deliberado esta mañana en la Sala Tercera del TS formaban parte de la misma Sala que no admitió un recurso de casación sobre un supuesto igual en el País Vasco, mientras que ahora esos tres jueces aceptan el recurso del Gobierno y entienden que no es una cuestión de personal.

El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que anulaba la congelación salarial de los funcionarios en 1997 y una semana después el abogado del Estado interpuso un recurso de casación en el que alegaba que esa cuestión trascendía de "una mera cuestión de personal, inscribiéndose en el núcleo de la política económica general del Estado".

Además, el recurso de casación del Gobierno decía que "la congelación salarial no fue un capricho de la Administración, sino que se inscribió dentro de la política de ajuste del déficit público que era necesario realizar" para cumplir las exigencias de la convergencia europea.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional ordenaba a la Administración negociar con los sindicatos de la Función Pública "en el menor plazo posible" incrementos salariales superiores al IPC de 1997.

CC.OO calculó el coste de los atrasos que tendría que abonar la Administración en caso de que el fallo judicial les hubiese dado la razón, en más de 3 mil millones de euros (medio billón de pesetas).

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aplaudió ayer la decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia de la Audiencia Nacional y la calificó de "lógica", "de sentido común" y "razonable".