Criterios
PAULINO RIVERO *

Lealtad constitucional hacia Canarias


10/mar/02 20:54 PM
Edición impresa
CANARIAS HA VENIDO disfrutando, desde su incorporación a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, de un régimen económico y fiscal diferenciado, que se ha justificado históricamente sobre la base de factores como la lejanía, la insularidad, la escasez de recursos naturales y las especiales circunstancias geográficas y climáticas. En definitiva, sustentado en una archipielagidad atlántica que ejerce como eje de nuestro irrefutable hecho insular. Esta especificidad ha sido reconocida jurídicamente por el derecho interno español a lo largo de las diferentes etapas históricas, y está recogida y garantizada en la actualidad por medio del bloque constitucional, esto es, Constitución Española (Disposición adicional tercera) y Estatuto de Autonomía (artículo 46.2).
Este mismo espíritu diferenciador de las especificidades de la Comunidad Autónoma de Canarias fue el que "moldeó" las negociaciones del Reino de España a las Comunidades Europeas en 1985, plasmándose en la introducción de varios artículos específicos en el Acta de Adhesión (fundamentalmente el artículo 25) y en el Protocolo número 2, anexo a la misma.
Con posterioridad, y ante las insuficiencias del régimen de integración previsto en el mismo, este Protocolo fue modificado por el Reglamento 1911/1991 de la Comunidad Económica Europea (CEE), del Consejo de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias y la Decisión 91/313 del mismo organismo, por la que se establece un Programa de Opciones Específica por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN).
Recientemente, y en esta misma línea de tratamiento diferenciado, el Tratado de Amsterdam ha incorporado al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el artículo 299.2, que además de referirse explícitamente a Canarias - hecho único en relación con el resto de Comunidades Autónomas - , reconoce toda una serie de factores condicionantes cuya persistencia y combinación la singularizan como "región ultraperiférica".
Esta consideración de Canarias como región ultraperiférica justifica la aplicación de medidas específicas que abarcan ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y los bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y programas horizontales comunitarios. Y podríamos seguir.
Todo lo cual contribuye a diferenciar y singularizar aún más la posición de Canarias en relación con el resto de Comunidades Autónomas. Sin embargo, seguía detectándose la ausencia de una vía institucionalizada entre el Estado y Canarias para tratar los asuntos específicos relacionados con las Comunidades Europeas que nos afectasen en exclusiva y que permitiesen la adecuada defensa de esos intereses canarios.
Por eso, se creó una Comisión bilateral Canarias-Estado para tratar de manera eficaz el impulso de los procesos particulares de relación entre ambas instancias en cuestiones que aludiesen a las Comunidades europeas, para enmarcar una coordinación institucional en aquellos sectores relacionados con las mismas y, en general, para la adopción de actuaciones de carácter preventivo que evitasen situaciones de conflicto entre ambas Administraciones.
Pero no es suficiente. Es necesario, como establece el art. 37.2 del Estatuto, único en España que prevé tal mecanismo, participar en las delegaciones españolas ante la Unión Europea, porque en dichos temas el Estado no deja de ser un mero vocero de las decisiones que tomamos los canarios. Sin embargo, el Gobierno español quiere evitarlo. Algo que llama la atención, máxime cuando esta cuestión no es ajena a los Tratados Constitutivos, ya que el artículo 203 del Tratado de Amsterdam permite que entes territoriales de los Estados miembros tengan representación ante los órganos de la UE, mecanismo que ya es utilizado en otros Estados descentralizados como el nuestro (Alemania, Austria y Bélgica, entre otros), y que recientemente el Comité de Regiones de la propia Unión Europea ha alentado expresamente.
CC cree que debe ser en estos casos (o en la reforma del Senado, o en el traspaso de determinadas competencias como tráfico aéreo, comercio exterior, puertos y aeropuertos, por poner unos pocos ejemplos, o en el respeto a las prescripciones estatutarias que reconocen los hechos diferenciales, en los que destaca el hecho insular y archipielágico, etc.) donde se debe demostrar lealtad constitucional hacia los territorios singulares como Canarias, corolario necesario de lo que ellos mismos, junto con el PSOE, llaman "patriotismo constitucional", permitiendo una mejora sustancial del sistema autonómico y, por ende, de nuestro autogobierno.

* Presidente de Coalición Canaria

PAULINO RIVERO *