La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no existe ningún obstáculo para la extradición a España de los seis presuntos etarras refugiados en Venezuela cuya localización ha ordenado el Tribunal Supremo de ese país, ya que los delitos de los que están acusados no han prescrito.
Fuentes del ministerio público aseguran que, aunque muchos de los crímenes imputados fueron cometidos a finales de los setenta y principios de los ochenta, los autos de procesamiento, que interrumpen el plazo de prescripción de 20 años fijado para los asesinatos, no se dictaron, en la mayoría de los casos, hasta 1986 o 1987.
Además, las fuentes consultadas señalan que, incluso en el caso en el que el procesamiento se hubiera producido en fechas más próximas a los atentados, las demandas de extradición - cursadas en 1996 y para las que hasta ahora no había habido respuesta - también interrumpen el plazo de prescripción, que por tanto no termina hasta 2016.
Los seis etarras reclamados son Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Miguel Ángel Aldana Barrena, José Ayestarán Legorburu, Jesús Ricardo Urteaga Repullés, Luis María Olalde Quintela y José Martín San Sebastián, si bien en la Audiencia Nacional no figuran autos de procesamiento dictados contra este último.
Barrutiabengoa está acusado de dos asesinatos en 1979. En 1980, participó en los asesinatos de dos guardias civiles; y se el imputa otro, junto a Urteaga. Asimismo junto a Urteaga, se le reclama por otro asesinato. A Urteaga se le imputa otra muerte. Aldana está acusado cuatro muertes entre 1978 y 1980.
Ayestarán está reclamado por el asesinato de tres guardias civiles en 1980. Y Olalde por otros tres en 1978.
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