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El proyecto de Ley de Vivienda entra en el Parlamento Canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, Antonio Castro Cordobez, presentó ayer en la Cámara la nueva normativa autonómica que tiene por objeto regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.

EL DÍA, S/C de Tenerife
21/mar/02 22:01 PM
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El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Ejecutivo Autónomo, Antonio Castro, presentó ayer en el Pleno del Parlamento Regional el proyecto de Ley de Vivienda de Canarias, que tiene por objeto regular las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada en el Archipiélago.

Castro calificó el proyecto de ley como el más importante de esta legislatura por su marcado contenido social y recordó que se han construido 34 mil viviendas en los últimos años y que la inversión pública y privada ha ascendido a 2.500 millones de euros.

El consejero destacó, en su exposición, el gran nivel de consulta logrado entre todos los sectores implicados en las políticas de viviendas, y justificó la necesidad de un nuevo impulso para atender las demandas actuales de las familias con renta baja.

Antonio Castro manifestó que la experiencia acumulada en los últimos 13 años permite resumir que los principales escollos que impiden una solución al problema de la vivienda son el reparto de las competencias, la dificultad en la tramitación de los proyectos y promociones, la escasez de suelo y la limitación de los recursos económicos disponibles.

El proyecto de Ley de Vivienda prevé la gestión compartida de las funciones ejecutivas en un organismo autónomo, denominado Consorcio Canario de la Vivienda, integrado por el Gobierno Autonómico y los Cabildos, con el fin de agilizar y simplificar los trámites.

La dirección de este órgano, dependiente del Ejecutivo, contará también con la presencia de cuatro representantes municipales, y se regula la posibilidad de constituir oficinas insulares de vivienda, donde se podrán tramitar las cuestiones relacionadas con los planes de vivienda.

Obligación real

El consejero de Obras Públicas destacó que en el problema del suelo la nueva ley supone un "paso adelante importantísimo", pues aunque los ayuntamientos, en la actualidad, tienen la obligación de reservar el 10 por ciento del suelo urbanizable para actuaciones protegidas, "la realidad es otra".

La nueva legislación atribuye a los planes insulares de ordenación y a los planes de vivienda la determinación de los municipios en los que es prioritario la construcción de viviendas protegidas. En estos municipios, los planes generales habrán de destinar al menos el 20 por ciento del suelo urbanizable de uso residencial a la edificación de VPO.

Castro agregó que en caso de incumplimiento en la reserva de suelo, la ley prevé la declaración de utilidad pública del mismo y la aplicación de la expropiación forzosa.

El proyecto obliga también a los promotores turísticos que superen una determinada capacidad alojativa y nivel de servicios a construir, preferentemente en suelo no turístico, viviendas protegidas destinadas a satisfacer las necesidades del personal.