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JUAN CARLOS MORENO MORENO DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS

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" La futura ley de biodiversidad fijará mecanismos para cobrar a los que se enriquecen con los espacios y especies protegidas"

CARLOS VEGA, S/C de Tenerife
31/mar/02 16:26 PM
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Juan Carlos Moreno Moreno se estrenó en la vida política hace algo más de un año, cuando inició su actividad al frente de la Dirección General de Política Ambiental. Un departamento del Gobierno Canario centrado en campañas educativas, que ha visto cómo se incrementan sus responsabilidades. Entre sus metas más próximas están la culminación de la ley de biodiversidad y el cumplimiento en los municipios de las acciones de desarrollo sostenible de la Agenda 21 Local.

- ¿Es partidario de fijar unas directrices de actuaciones medioambientales?

- El mensaje es que exista una coordinación en educación ambiental entre los Cabildos, que tienen delegadas competencias, y el Gobierno, por ser una pieza fundamental en cualquier sociedad. Estamos en la fase de desarrollo de la estrategia de educación ambiental para averiguar por dónde debemos ir de aquí a diez años. En cuestión de biodiversidad debemos elaborar directrices para saber cómo afrontar su defensa y uso.

- ¿Cuál ha sido la última acción para alcanzar este cometido?

- En biodiversidad presentamos, recientemente, la recopilación de la flora y fauna terrestre de las Islas, donde se puede hablar de más de cuatro mil especies, de las que 2.600 son endémicas. Por las publicaciones de los últimos 20 años se llega a la conclusión de que, por media, cada seis días se descubre una especie nueva en Canarias.

- ¿Falta mucho para tener una ley de biodiversidad?

- Estamos a punto de presentar un borrador del proyecto. Confiamos en que salga aprobada este año.

- ¿Cree que introducir en unas directrices de ordenación del territorio aspectos relacionados con la biodiversidad era lo correcto?

- Si no fuera paralela la creación de la ley, por supuesto que sí. Pero ahora no lo veo necesario. Las Directrices son sólo un marco general para, posteriormente, regular mediante leyes.

- ¿Considera entonces que era un documento demasiado ambicioso y amplio?

- Claro. Era amplio en la cuestión de biodiversidad, porque pensábamos que iban a salir antes y servir de marco referencial para la normativa. Ahora sólo se incluye la obligación de desarrollar una ley.

- Pero, ¿no estaba prevista la elaboración de la ley desde la anterior legislatura?

- Sí, pero hay que coger al toro por los cuernos.

- Vamos, ¿qué no se añadieron para engordar las directrices?

- No fue un motivo de engorde. El consejero (Fernando González) me comentó que todo lo que es tema de ley no es cuestión de que aparezca en las Directrices.

- ¿No cree que el Gobierno se precipitó al adoptar una moratoria turística, una vez que el proceso normativo se ha ralentizado?

- No están ralentizadas. El proceso es muy complicado y es necesario que la gente respete y cumpla las Directrices. Gracias a la ley de moratoria estamos viendo que en Canarias, a excepción de algún "kamikaze", las cosas se están haciendo de forma más ordenada. Nos jugamos el futuro y si hay que esperar cinco meses más, benditos sean.

- El Gobierno reconoció la existencia de descoordinación en un primer momento.

- Al principio se hablaba de Directrices de Ordenación del Territorio, por un lado, y del Turismo, por otro. El desarrollo de cada idea por su lado no ha resultado una mala estrategia. Otro equipo tiene ahora la labor de fundir las dos. Criticar el proceso es intentar ver fantasmas e intoxicar.

Competencias insulares

- ¿Cumplen los Cabildos con sus deberes tras asumir las competencias delegadas en medio ambiente?

- Es verdad que hay Cabildos y Cabildos. La mayoría está realizando bien su trabajo en las competencias delegadas, como las relacionadas con la lucha contra el fuego.

- ¿Cuáles no lo están haciendo bien?

- No quiero ser el dedo acusador, pero es verdad que las Corporaciones Insulares capitalinas disponen de una mayor
JUAN CARLOS MORENO MORENO DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS