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Una propuesta del Partido Popular en el Parlamento
de Canarias ha reabierto el debate entre las tesis
abolicionistas y las reglamentistas; existen varios tipos
de prostitución, que deben afrontarse con distinto
enfoque y diversas soluciones.


31/mar/02 22:12 PM
Edición impresa

El pasado 19 de febrero el Partido Popular presentó un proposición no de ley en el Parlamento de Canarias en la que pedía la regulación de la prostitución. El elevadísimo número de personas que se dedican a esta actividad en España (unas 300 mil personas, según indica la propuesta) y el volumen de negocio diario, sobre los 30 millones euros, hace necesario encarar el problema, aunque las soluciones no son compartidas por todos. Iniciativas como ésa, además de la reciente petición de los empresarios de clubes de alterne de acogerse al reparto del contingente laboral anual de inmigrantes, han reabierto la discusión.

Para debatir sobre esta cuestión, este periódico sentó en torno a su última mesa de debate al secretario de Acción Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Juan Benavente; a la portavoz socialista en materia de asuntos sociales en el Cabildo, Teresa Cruz Oval, y a la responsable de la oficina de extranjeros, Maribel Oñate.

El pronunciamiento más contundente a favor de una regulación fue el de José Juan Benavente, quien distinguió entre aquel tipo de prostitución relacionado con la marginalidad y la miseria, que prácticamente en el cien por cien de los casos afecta a la mujer, y la que se ejerce como profesión, a raíz de una decisión libre de la persona. Sobre la primera señaló que se debe actuar con programas sociales y políticos de inserción y sobre la segunda, apostó por una regulación clara. Por motivos laborales y por motivos sanitarios; además, esas medidas reglamentaristas permitirán también ir minando la acción de las mafias.

La postura del PSOE es diferente y, en principio, se muestra contrario a la regulación de la prostitución. Teresa Cruz Oval manifestó, en este sentido, que la prostitución es incompatible con los derechos y la dignidad de las personas y le origina graves perjuicios. La repuesta abolicionista, en su opinión, permite la defensa de esos derechos y la lucha contra la explotación sexual. Aquél que vaya en contra de lo establecido, "que lo haga con todas las consecuencias".

Maribel Oñate destacó la importancia de abrir un debate desprovisto de hipocresía sobre la prostitución y, a la vista de su diferente tipología, apostó por normas diferenciadoras. La responsable de la oficina de extranjeros indicó que las mafias que trafican con mano de obra son prácticamente las mismas que se dedican al negocio de la prostitución y que hace falta una intervención política y social para acabar con los abusos que van contra la dignidad humana.

El debate más airado se produjo entre el representante de UGT y la consejera socialista, quienes, a pesar de su supuesta afinidad ideológica, discreparon abiertamente sobre la regulación.

El sindicalista recordó que, a parte de los convenios internacionales, existe un mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a la regulación de la prostitución, aspecto que se ha obviado en España.

El motivo de la discrepancia entre ambos radica en la manera de entender el fenómeno de la prostitución que se ejerce libremente, puesto que en el caso de la inducida ambos se pronunciaron a favor, como no podía ser de otra manera, de luchar contra ese tipo de esclavitud y explotación. Oval, en cualquier caso, indicó que hasta la prostitución fruto de una opción personal y libre es también una forma de violencia, contra la que se debe luchar.

Indicó, en este sentido, que el 90 por ciento de la prostitución en Canarias está ejercida por extranjeros, fenómeno que situó asociado a la marginalidad.

Benavente aseguró que existe un mercado del sexo que mueve millones de euros y que la regulación permitiría, además, que aflorara una importantísima bolsa de economía sumergida. El sindicalista reconoció que muchas prostitutas se acercan al sindicato no para quejarse de su desempeño, sino de las condiciones de trabajo, sobre todo en los clubes de alterne, por lo que dijo que habría que regular los derechos laborales de estas personas, dotándolas de protección jurídica y social. Se trataría de equiparar este trabajo del sexo a cualquier otro gremio. Sobre la explotación sexual, Benavente aseguró que la gran mayoría está asociada a la inmigración y que ese tipo de prostitución se debe combatir de otra manera y con otro tipo de medidas: "Hay que diferenciar - comentó - las dos caras de la moneda". En otro punto, indicó que aunque le dolía realizar tal afirmación, "la actitud del PSOE en este asunto es antediluviana".

Cruz Oval replicó señalando que su partido se ha mojado bastante en el asunto y que ha pedido en diversas instancias que se realicen estudios en profundidad sobre la prostitución y determinar con exactitud su tipología, para luego actuar en consecuencia y definir las políticas pertinentes.

En este punto, Oñate coincidió en que se debe estudiar en profundidad las diferentes casuísticas, "porque si miramos siempre para otro lado, sale favorecido el explotador". Lo que sí tuvo claro es la que prostitución callejera no se debe permitir.

Benavente recordó que la regulación que se ha aplicado en Holanda, por ejemplo, donde funcionarios municipales supervisan los establecimientos destinados a la prostitución ha permitido acabar con el proxenetismo. Insistió en que también hay una realidad laboral a la que se debe dar cumplida respuesta.