EN TANTO QUE acción y efecto de "convalidar" hemos de conocer que para este verbo transitivo la Academia de la Lengua dice "confirmar o revalidar, especialmente los actos jurídicos". Y así, para "confirmar" dice en la acepción 5 de este vocablo: "En los contratos o actos jurídicos con vicio subsanable de nulidad, remediar este defecto expresa o tácitamente".
Traigo a cuento esto hoy porque en la comparecencia del ex consejero de Hacienda, Don José Carlos Francisco, en calidad de testigo ante el juzgado nº 4 de Las Palmas que instruye el caso Tindaya, afirmó que son múltiples los casos de convalidación que lleva a cabo el Gobierno como consecuencia de los gastos realizados por organismos públicos sin seguir el correspondiente procedimiento administrativo. Y aquí hemos llegado al núcleo de la situación: el Gobierno, que es quien debería dar ejemplo de cumplimiento de leyes y normas a los ciudadanos a quienes administra, es el primero en incumplir los procedimientos que la Ley determina; en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo. Y esto que aquí se dice del Gobierno de Canarias sirve lo mismo para otras Administraciones de rango inferior. Vendría a ser algo así como: "la Ley está para ser cumplida por nuestros administrados, no por nosotros".
De aquella guisa fue la adjudicación realizada por el Gobierno a Aeromédica Canaria para el transporte de enfermos, cuando la tal Aeromédica lo único que tenía de aéreo quizás fuese aquello de que "alguien voló sobre el nido del cuco". Y es que por aquí hay mucho "taimado y astuto, que ante todo mira por su medro o comodidad" (acepción 2 del vocablo "cuco"). Y a lo que se ve, actuaciones como esa son "múltiples". Se explica, por tanto, que los chorros de dinero que han entrado en esta Comunidad en los últimos años y que han estado produciendo índices crecientes del PIB (producto interior bruto) por encima de la media nacional (de España) no hayan tenido su correspondencia en la reducción del índice de pobreza que buena parte de la ciudadanía de esta Comunidad padecía, padece y seguirá padeciendo.
No sé yo si los jueces, la Audiencia de Cuentas y la Fiscalía podrán o querrán aclarar cuantos desmanes se han producido en la disposición de fondos públicos por parte de nuestros "administradores". Quiero creer que tienen mecanismos para ello y en cuyo caso sólo sería menester voluntad de hacerlo. Desde la independencia a adscripciones políticas y a presiones del "poderoso caballero". Y es que eso de las "presiones", como hemos visto, se lleva hasta en los más altos estadios del poder: Don Román Rodríguez y Don Julio Bonis (a la sazón presidente del Gobierno y consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, respectivamente) presionaron a Don José Carlos Francisco para que actuara contra el Sr. Rodríguez Cíe, porque éste les resultaba incómodo ya que "se negó a aprobar y firmar las cuentas de la entidad Gestión Sanitaria correspondientes a 1999" al frente de la cual había estado Don Román Rodríguez, como director del Servicio Canario de Salud, y Don Julio Bonis como consejero de Sanidad. Y así se va escribiendo la historia contemporánea de Canarias. ¡Qué país! ¿Será que merecemos este calvario?
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