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El alcalde de Arona, juzgado por un presunto delito de prevaricación

El fiscal solicita ocho años de inhabilitación en cargo público, mientras que la acusación particular pide siete, así como tres años de prisión y seis meses de multa por haber falseado documentos en la concesión de una licencia en 1999 a una empresa que quería abrir una discoteca.

EL DÍA, S/C de Tenerife
10/abr/02 19:07 PM
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Ayer se celebró en el Juzgado de lo Penal número Tres de la Capital tinerfeña el juicio contra el alcalde de Arona, Miguel Delgado Díaz, al que se acusa de un presunto delito de prevaricación para el que el fiscal solicita una inhabilitación en cargo público durante ocho años, así como una indemnización a la entidad Kiscubi SL por los daños y perjuicios causados.

El motivo ha sido el habérsele denegado una licencia de apertura de un local en el Centro Comercial San Telmo, sito en Los Cristianos.

La acusación particular sostiene la existencia de un delito de falsedad en documento y un delito de prevaricación, para lo que pide siete años de inhabilitación en el cargo, tres años de prisión y multa de seis meses, así como una indemnización.

Según consta en el escrito de la acusación pública "tras la presentación en el Ayuntamiento de Arona, por parte de la empresa citada, una solicitud de licencia de apertura para sala de fiestas y discoteca en el centro comercial, se procedió a la incoación del correspondiente expediente el 15 de septiembre de 1998 que se resolvió el día 25 de junio de 1999 con una resolución denegatoria dictada por el alcalde".

Informes buenos y malos

De esta forma tras emitirse los informes favorables de la concesión de licencia de 26 de enero de 1999 por parte del arquitecto municipal y el del 6 de mayo de 1999 emitido por el secretario de la Corporación aronera y, pese a haber transcurrido en exceso el plazo de dos meses establecido por el artículo 16 de la Ley 1/98 de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas se pasó al Cabildo por decreto de 10 de mayo de 1999 se solicitó por el acusado, al no contar con informe desfavorable que permitiera denegar la licencia, un informe al Servicio de Urbanismo, Contratación y Servicios Locales. Este informe se emitió por la jefa del indicado servicio el 14 de mayo, denegando la apertura.

Ante la inactividad del Ayuntamiento - según el fiscal - los representantes de la empresa afectada se presentó el 4 de junio de 1999 un escrito en el Cabildo tinerfeño un escrito solicitando la subrogación preceptiva en estos casos. El 8 de junio se elaboró por parte del consejero insular de Protección del Territorio un escrito solicitando la urgente remisión al Cabildo del expediente, el cual tiene fecha de salida de la Corporación Insular el 24 de junio, no constando fecha de entrada en el Ayuntamiento. El día 25 de junio de 1999, el alcalde solicitó del secretario accidental habilitado otro informe - que resulta favorable - pese a lo cual Miguel Delgado deniega la licencia al no ajustarse a las condiciones de uso previstas en el PGOU, resolución que fue notificada al Cabildo el 29 de junio, pese a que le había advertido que no resolviera.