Sucesos

La falta de juzgados de Lo Social en Tenerife le "costó" al Estado 12 meuros en 2001

Hay cuatro salas en la Isla frente a las ocho de Gran Canaria, que reciben el doble de lo normal. Los retrasos obligan a la Administración a adelantar los salarios de tramitación.

EL DÍA, S/C de Tenerife
18/abr/02 9:36 AM
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La falta de juzgados de Lo Social está conllevando gastos desmesurados en la tramitación de expedientes por despidos.

Aunque hasta ahora la Dirección Provincial de Trabajo ha pagado por los 53 expedientes de que tiene conocimiento unos 60 millones de pesetas, a la luz de los 1.200 casos que aún quedan pendientes en los juzgados de Lo Social, fuentes cercanas indican que el Estado podría tener que desembolsar cerca de 12.020.000 euros (dos mil millones de pesetas) en concepto de salarios de tramitación por retrasos a la hora de dictar sentencias por casos del pasado año y por revocación de las mismas en procedimientos de despidos.

Habida cuenta de que en Santa Cruz de Tenerife sólo hay cuatro juzgados de Lo Social, frente a los ocho existente en la provincia de Las Palmas, el número de asuntos por año casi se duplica en esta provincia, incluso si se compara con lo que sucede en el resto del Estado.

Los juzgados de Lo Social, según ha podido saber EL DÍA, tienen una entrada anual de 1.200 asuntos, frente a los 600 que normalmente se registran en el resto de España. La saturación es tal que recientemente se celebró una reunión de los magistrados de Lo Social con el juez decano para solicitar dos nuevos juzgados ante la avalancha de asuntos que están pendientes de resolución.

Las empresas, a la espera

Algunos casos se están señalando para octubre y noviembre, lo que conlleva no sólo un retraso temporal, sino un coste económico añadido que lleva a pensar en cifras millonarias, habida cuenta de que la empresa ha de mantener al trabajador de alta en la Seguridad Social durante el período de tramitación del caso y cotizar por los mismos hasta el último día del mes siguiente a la notificación de la sentencia.

Asimismo, los salarios de tramitación de despidos están sometidos al IRPF y la empresa tiene la obligación de hacer la retención a cuenta correspondiente.

El empresario demandado debe reclamar los salarios tras el despido al Estado, a través del artículo 119 de la ley de Procedimiento Laboral, para que, la Administración le devuelva el dinero abonado.

En el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en los artículos 56.1b, 56.2 y 57, se hace alusión a los salarios a que tienen derecho los trabajadores que hayan presentado demandas por despido.

Asimismo, los artículos del 116 a 119 de la Ley de Procedimiento Laboral son los que las empresas suelen consultar para reclamar al Estado las cantidades desembolsadas hasta que la sentencia se falle.

Los expedientes salen de la Dirección Provincial, dependiente del Ministerio de Trabajo, registrándose un incremento, según fuentes de dicha Dirección en Santa Cruz de Tenerife, el año pasado con respecto al anterior. En 2001 entraron 53, frente a los 24 que se conocieron en el 2000.

Aunque dichos datos parezcan dispares, una cosa son los asuntos que entran en los juzgados de Lo Social y otros los que se conocen en la Dirección Provincial de Trabajo que ya están resueltos y cuyo coste podría cifrarse en unos 360.607 euros (60 millones de pesetas).

Lo que paga el Estado en casos de despido objetivo por crisis llega hasta el 40 por ciento de la indemnización.

Según fuentes de la Dirección Provincial de Trabajo, "desde que pasan sesenta días hábiles después de presentar una demanda a la espera que se dicte sentencia, es el Estado el que se hace cargo del pago y la Dirección Provincial de Trabajo lo que hace es resolver esos expedientes".

En los asuntos por despido se pueden dar casos de insolvencia y es aquí cuando se hace cargo el Fondo de Garantía Salarial de pagar hasta cuatro meses el salario de tramitación, con un tope máximo del doble del salario mínimo interprofesional por mes.