Canarias

La Audiencia critica al Gobierno su poco rigor en el control del gasto

En el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2000, presentado ayer en el Parlamento por su presidente, Marcelino Rodríguez, advierte de que se está "abusando del uso de la técnica convalidatoria, dado su volumen y habitualidad".

EL DÍA, S/C de Tenerife
1/may/02 16:26 PM
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La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que el Gobierno es "permisivo" en el control y fiscalización de sus gastos. Así lo manifiesta en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2000, presentado ayer en el Parlamento Regional por su presidente, Marcelino Rodríguez.

Entre las conclusiones de dicho informe, recoge que "se aprecia un aumento paulatino de la permisividad en el control" del gasto, pues la fiscalización previa del mismo se efectúa de forma "limitada" y la función interventora se realiza a posteriori y de forma inadecuada.

En este sentido, el órgano fiscalizador destaca que "el continuo cambio normativo que se viene produciendo en los últimos años está derivando en una legislación sobre el control más permisiva".

La Audiencia de Cuentas recuerda que "las restricciones al sistema de fiscalización previa, en la búsqueda del equilibrio entre la garantía de la legalidad y la agilidad de la acción administrativa, tal y como pretende la Comunidad Autónoma Canaria, en modo alguno puede suponer por una vía de hecho y no de derecho, una forma práctica de eludir los presupuestos de legalidad de todo acto de disposición o compromiso del gasto y su control".

Es más, concluye que el Gobierno de Canarias, "en la prevalencia otorgada a la celeridad de la actuación administrativa, descuida las garantías que debe otorgar al control de los presupuestos de legalidad del gasto público".

Excesivas convalidaciones

El órgano fiscalizador critica también "el excesivo número de acuerdos convalidatorios efectuados por el Gobierno de Canarias" de forma habitual y genérica "como fórmula de eludir el control interno y previo de los presupuestos de legalidad del gasto".

En concreto, apunta que durante el ejercicio 2000 los expedientes convalidados por el Consejo de Gobierno ascendieron a un total de 100,5 millones de euros (16.720 millones de pesetas), no constando en esta cifra "aquellos gastos realizados por las habilitaciones que han sido objeto de reparo por las intervenciones delegadas".

A su juicio, "la Comunidad Autónoma de Canarias no adopta medidas tendentes a obviar los vicios de nulidad derivados de la omisión de la fiscalización previa, mediante el cumplimiento riguroso de la tramitación preceptiva, al contrario, abusa del uso de la técnica convalidatoria".

La Audiencia de Cuentas asegura que "la no emisión por parte de la Intervención General del informe de gestión global, en los dos últimos años, al objeto de que el Gobierno disponga de medidas concretas para mejorar las administración de los recursos, determina que el modelo vigente pueda resultar ineficaz para el restablecimiento de la legalidad incumplida".

En el capítulo de omisiones también indica que "la Comunidad Autónoma no ha recogido en el estado de gastos de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2000, los créditos suficientes para atender las obligaciones ciertas ni las previsibles".

"Parte de esas insuficiencias presupuestarias - añade - se solventan a través de la figura de las ampliaciones de crédito sin cobertura o generando déficits encubiertos que, tanto en el caso de los gastos de personal de la Consejería de Educación como en suministros del Servicio Canario de Salud, han tenido que sufragarse mediante leyes de suplemento de crédito".

Otra de las cuestiones reflejadas por el órgano fiscalizador es que "se han concedido avales con informes desfavorables de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General".