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ÁNGEL RIPOLLÉS BAUTISTA

Misión del abogado


5/may/02 20:58
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EL ABOGADO TIENE con el justiciable y, por extensión, con la sociedad, en general, un honroso compromiso en la defensa de los derechos e intereses de sus clientes y de las libertades humanas de toda índole.

No estimamos necesario recordar que la Abogacía es libre e independiente, asistiéndole inalienables derechos reconocidos al más augusto nivel constitucional. En efecto, el abogado y la función al mismo encomendada es la única, de entre todas las actividades profesionales, que ha merecido citas expresas - hasta en número de cuatro - en la Constitución Española, que convierte la actividad de impetrar justicia en una de las calificadas hasta el extremo de que su protección resulta incuestionable, en cuanto que, al formar parte insoslayable de los Tribunales de Justicia, ha de alcanzarle idéntica consideración que al resto de quienes cooperan en la Administración de Justicia.

La Abogacía, repito, es libre e independiente. Así lo proclama la Ley Orgánica del Poder Judicial, a lo que ha de añadirse que los abogados "gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función".

También se consagra esta libertad e independencia en el Estatuto General de la Abogacía Española, en que se dice que, en el cumplimiento de su función, el abogado no tendrá "otras limitaciones que las impuestas por la ley y por las normas de la moral y deontológicas".

La misión del abogado es siempre difícil. No puede olvidarse que su intervención suele tener lugar en problemas del hombre, muchos de ellos cargados de pasión y de subjetivismo, en el que no resulta fácil la conciliación. De ahí que, en el desarrollo de su quehacer profesional, el abogado se encuentra absolutamente desamparado e inerme ante las reacciones de quienes no entienden cuál es el campo de su actuación, cuando, además, el abogado pone todo su saber y entender en la correcta solución de los asuntos que se le encomiendan.

Al abogado se le exige una sumisión a las reglas de la moral y de la deontología. Justo es que, en obligada reciprocidad, cuente con todo el amparo de la ley, porque el abogado es cooperador institucional en la Administración de Justicia.

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