Canarias

Alonso ratifica que el Gobierno conocía la cláusula de Tindaya

La interventora general de la Comunidad Autónoma declaró ayer ante el juez de Instrucción número 4 de Las Palmas que el Ejecutivo "autorizó el aval conociendo que PMMT ya había comprometido el pago de 1.960 millones de pesetas" y negó que se haya gastado dinero público.

JORGE ESPINEL, S/C de Tenerife
11/may/02 16:27 PM
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María del Carmen Alonso, interventora general de la Comunidad Autónoma Canaria, ratificó ayer ante el juez de Instrucción número 4 de Las Palmas, Florencio Barreda, que a pesar de las consideraciones que al respecto a la cláusula relativa a esta partida había hecho su departamento, "el Gobierno autorizó el aval conociendo que PMMT ya había comprometido el pago de 1.960 millones de pesetas (11,8 millones de euros aproximadamente) a la UTE".

La interventora general de la Comunidad Autónoma, que compareció en calidad de testigo ante el juez que instruye el "caso Tindaya", se suma así a lo manifestado el pasado 22 de marzo por el ex consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, quien apuntó que "esta partida se discutió en el Consejo de Gobierno".

Alonso, que en un principio señaló que no había visto la oferta económica de la unión temporal de empresas (UTE) que sirvió de base al contrato del 24 de febrero de 1999 por el que se le adjudicaba las obras del proyecto monumental montaña de Tindaya, terminó admitiendo que, "efectivamente", el Gobierno "autorizó " el aval de 18 millones de euros (tres mil millones de pesetas) conociendo la existencia de la polémica cláusula de 11,8 millones de euros.

Gasto de fondos públicos

A lo largo de su declaración ante el juez indicó que "nunca" había visto la oferta u ofertas remitidas por la UTE a la Administración, aunque "sí una cláusula parecida a la indicada (11,8 millones de euros en concepto de gastos de estudio e implantación)" respecto a la cual sólo hizo la consideración de que "daba igual que figurara o no si era consecuencia de la ejecución de las obras porque, en todo caso, siempre había de ser abonada y, si no era consecuencia de tal ejecución, debía suprimirse".

Preguntada por el juez si, hasta la fecha, la Comunidad Autónoma "ha comprometido dinero público o ha gastado fondos públicos para la ejecución del contrato de 24 de febrero de 1999", María del Carmen Alonso señaló que, "aparentemente, no" y aportó fotocopia de las partidas contables existentes en relación a la empresa pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), documento que recoge subvenciones para gastos de explotación concedidas en el año 2001 por importe de 150 mil euros (25 millones de pesetas).

Además, advirtió de que si "el banco que concedió el crédito a PMMT reclamara a la Comunidad Autónoma alguna cantidad derivada del incumplimiento de alguna de las condiciones de aquél, esta circunstancia tenía que ser comunicada a la Intervención General", hecho que hasta ahora no ha ocurrido, según dijo.

Con estas declaraciones, Alonso también ratifica lo dicho en su día por José Carlos Francisco al explicar que según el sistema de financiación diseñado para abonar la obra, la Comunidad Autónoma no tiene que desembolsar una sola peseta" y que "la única posibilidad de que ocurriera lo contrario es que el proyecto finalmente fracasara y se ejecutara el aval".

La declaración ante el juez de la interventora general pone en duda, sin embargo, las afirmaciones realizadas recientemente por el consejero de Turismo y Transporte, Juan Carlos Becerra, quien indicó que el proyecto monumental de la montaña de Tindaya ha costado a los canarios dos millones de euros (332,8 millones de pesetas) debido a los intereses de los avales que hizo el Gobierno de Canarias y otros conceptos.

Alonso se remitió en muchas de sus contestaciones al informe financiero realizado por la Dirección General de Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias de quien según dijo, dependía la concesión del aval.