Canarias

La Cámara exige garantías en la venta de Trasmediterránea

El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una iniciativa del Grupo Socialista en la que se insta al Estado a que en el proceso de privatización de la naviera prevalezcan los requisitos de calidad y mantenimiento integral de los servicios de interés público.

EL DÍA, S/C de Tenerife
23/may/02 16:27 PM
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El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se reclama al Gobierno Central que en el proceso de privatización de Trasmediterránea se garantice el cumplimiento de los servicios de interés público.

La iniciativa socialista, que se aprobó tras admitir algunas matizaciones de la enmienda de Coalición Canaria al texto inicial, solicita que en la adjudicación de la compañía de transporte marítimo, a la que concursan 10 ofertas, se exija un plan estratégico, con un estudio económico de la viabilidad de la empresa, y un plan de explotación comercial para un horizonte de diez años.

En ese plan, se exige además que se incluya un compromiso de calidad de los servicios en las rutas contratadas con el Estado, así como el mantenimiento integral de todos los servicios de interés público.

Asimismo, pide garantías para preservar al menos cinco años la homegeneidad, independencia y estabilidad del núcleo mayoritario del capital que se responsabilice de la gestión, además de mantener los puestos de trabajo, con los mismos derechos y condiciones laborales.

El diputado socialista Julio Cruz destacó que es importante que Canarias pueda exigir condiciones al Estado para que en la privatización "no primen los aspectos puramente económicos" sino que se respete y garantice el interés público de los ciudadanos del Archipiélago.

En este sentido, se solicita que en el plan de la empresa se tengan en cuenta criterios como la experiencia en el sector o garantía de los compromisos adquiridos.

Asimismo, se insiste en que la liberalización del transporte marítimo y la libre competencia favorezcan a los usuarios canarios, garantizando las conexiones marítimas con la Península y la flota de jet - foil entre Islas, así como la mejora de las terminales existentes.

Cándido Armas, de Coalición Canaria, destacó la importancia para el desarrollo del Archipiélago de las comunicaciones marítimas mantenidas por el Estado y adjudicadas a Trasmediterránea entre las Islas y de éstas con la Península.

Expresó su coincidencia con la iniciativa socialista, que es la misma que la posición del Gobierno de Canarias, aunque defendió una enmienda de la que el Grupo Socialista admitió la introducción de diversos apartados, como que la sede social de la empresa sea en España.

"Proceso claro"

La diputada del Partido Popular Noelia García indicó que Trasmediterránea es una empresa líder y saneada financieramente, por lo que es un objetivo interesante para otras compañías.

Destacó que el proceso de privatización es claro en la exigencia del mantenimiento de la plantilla y de los compromisos con el Estado.

Los requisitos establecidos dan más valor al plan industrial que a la valoración económica de la compañía y sus planes respecto a la flota y las rutas, dijo.

Por tanto, aspectos importantes de la proposición no de ley ya están recogidos en las condiciones de adjudicación, afirmó, por lo que criticó al PSC por proponer algo que ya se está haciendo.

Noelia García negó que el Gobierno Central esté actuando en el proceso de privatización con "oscurantismo", y recriminó al diputado socialista la utilización de los mismos argumentos que uso el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Julio Cruz, a su vez, le recordó la contradicción del PP, pues "en la votación del Congreso de los Diputados se opuso a la propuesta y en Canarias la apoya".