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Morales considera que la huelga por la reforma del desempleo es "inevitable"

El consejero de Empleo del Gobierno de Canarias calificó ayer de un "paso atrás la ruptura del diálogo social" que supone la entrada en vigor ayer de la reforma del paro, tras su aprobación por decreto. Criticó, especialmente, las sanciones que se establecen contra los desempleados.

EFE, Las Palmas
28/may/02 0:11 AM
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El consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Canario, Marcial Morales, calificó ayer de "paso atrás la ruptura del diálogo social" que el Consejo de Ministros consumó, a su entender, al aprobar la reforma del sistema de desempleo mediante decreto, que hace, según dijo, que "parezca inevitable la huelga general".

"El documento, en el fondo y en la forma, no nos gusta", llegó a decir tras la decisión del Consejo de Ministros Marcial Morales, uno de los representantes autonómicos que participó la semana pasada en la reunión con el Gobierno estatal en que se trató el borrador cuando muchos de sus homólogos abandonaron la sesión. Sin embargo, en el momento de su entrada en vigor, ayer, se mostró más crítico con el proyecto.

El consejero criticó el hecho de que el Ejecutivo haya optado por romper "el consenso, el diálogo, que no es un tema menor", pero añadió que la reforma supone además "un paso atrás en materia de derechos y de apuesta por el empleo".

Una apuesta por el empleo que "pasa por los incentivos y no por las sanciones; las sanciones tienen que ser último extremo, no primero", apostilló.

"Los problemas complejos no pueden tener soluciones simples, porque chocan con el sentido común, y la política nunca puede estar contra el sentido común", insistió Morales.

A ese respecto, el director del Servicio Canario de Empleo de la Comunidad Autónoma, Diego León, explicó que la reforma diseñada por el Estado falla desde su base, en cuanto que "el diagnóstico del que parte es erróneo", ya que, aunque "hay muchas personas que están cobrando el desempleo", éstas reciben unas "prestaciones muy mermadas", y ello les obliga a buscar empleos sumergidos.

En consecuencia, opinó que "la solución no es otra que establecer marcos específicos, tributarios y de pago de la Seguridad Social, de manera que sea posible que las empresas que están sumergidas puedan acceder a su legalización".

Esa es la diferencia entre la posición del Gobierno Central y del Canario, además de la apuesta de los isleños por un diálogo que, en su opinión, ha roto unilateralmente la decisión del Consejo de Ministros y la entrada en vigor del decreto.

"Entendemos que esta no es la manera, en la forma, porque se ha roto el diálogo y eso es malo", fueron las palabras del consejero.