LOS QUINCE PAÍSES que conforman la Unión Europea han ratificado en Roma -con el visto bueno de los trece candidatos a la adhesión- su apoyo a estudiar mecanismos de coordinación para evitar la inmigración y la viabilidad de una Policía común para vigilar las fronteras.
Este control es la única manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de gestionar con eficacia los flujos de inmigrantes. No se trata de convertir a Europa en una fortaleza, pero las fronteras exteriores sí juegan un papel clave a la hora de delimitar y proteger este espacio de paz, libertad, seguridad y justicia.
Las tácticas para eludir la llegada masiva de indocumentados son numerosas. Por una parte, los acuerdos con los países de origen para que vigilen la salida de sus ciudadanos; por otra, la inversión en proyectos en esas zonas para que sus habitantes no se vean obligados a buscar nuevas opciones de vida en otras orillas; finalmente, el control, tanto en las fronteras, como en el destino. En este último caso, la repatriación es lo más lógico, siempre y cuando se conozca la procedencia de la persona.
Otras posibilidades son el trabajo conjunto de todos los países de la Unión Europea y la colaboración en la vigilancia. Los acuerdos de Roma son una auténtica declaración de intenciones, pero... ¿se llevarán a la práctica? En el caso del Archipiélago, mucho nos tememos que no; al menos, eso indica la experiencia. ¿Cómo es posible que haya más patrulleras en el Estrecho que en aguas isleñas cuando las pateras acceden por aquí a modo de rosario?
Canarias exige hechos, no palabras.
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