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Gestión Sanitaria pone en duda la legalidad del informe de la Audiencia

En sus alegaciones al proyecto de informe de fiscalización, la empresa pública solicita que se considere la posible nulidad de las actuaciones efectuadas por esta institución y cuestiona la utilidad del principio de publicidad y concurrencia.

JORGE ESPINEL, S/C de Tenerife
3/jun/02 16:27 PM
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Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública dependiente del Servicio Canario de Salud, ha solicitado a la Audiencia de Cuentas "que considere la posible nulidad de las actuaciones" llevadas para elaborar el proyecto de informe de fiscalización de GSC de los ejercicios 1997-99, al considerar que se han infringido "los principios constitucionales de contradicción, legalidad y objetividad".

En sus alegaciones a dicho documento, a las que ha tenido acceso EL DÍA, GSC reclama que "se revoquen las conclusiones que, respecto a esta sociedad, se exponen en el proyecto de informe" y que se declare que "Gestión Sanitaria de Canarias ha cumplido la totalidad de sus obligaciones legales".

A juicio del consejo de administración de GSC, del que forman parte los consejeros de Sanidad y Presidencia, Rafael Díaz y Julio Bonis, respectivamente, además del director general de Seguridad y Emergencias, José Julián Istúritz - director gerente de la empresa pública en los años fiscalizados - , la Audiencia de Cuentas no garantizó a Gestión Sanitaria que presentara sus alegaciones con carácter previo a la elaboración del proyecto de informe.

Además, entiende que el hecho de que sea el pleno de la Audiencia el que tome en consideración dicho proyecto "pudiera afectar al derecho de defensa de la entidad objeto de fiscalización al predeterminar la posición del órgano que finalmente debe aprobar el informe definitivo".

"Por ello - añade - , la fiscalización pudiera incurrir en nulidad al no haberse garantizado correctamente los principios constitucionales de contradicción, legalidad y objetividad que deben garantizar toda actuación administrativa".

Como datos relevantes de las alegaciones presentadas por GSC, cabe destacar que la empresa pública cuestiona la utilidad del principio de publicidad y concurrencia para la contratación de sus servicios. Para ello, alude a una convocatoria efectuada recientemente en la que se cumplió con lo estipulado por la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y donde, según dice, se puso de manifiesto que "no se obtienen más y mejores ofertas por cumplir el requisito legal de publicidad de una determinada forma".

Pérdida de dos acuerdos

No obstante, GSC asegura que, de acuerdo con los criterios establecidos por la Audiencia de cara a la contratación mercantil realizada por las empresas del sector público, ha observado los principios de publicidad y concurrencia "de forma flexible y dependiendo de la naturaleza de cada operación, explicando el porqué de la misma en el informe técnico que acompañaba a cada expediente, todo ello encuadrado dentro de la autonomía de las partes en la negociación".

Conviene subrayar que ante la pérdida de dos acuerdos relacionados con la adjudicación del servicio de ambulancias, Gestión Sanitaria aporta como prueba la declaración de Istúritz, director gerente de la empresa en el momento en que se adoptaron.