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El Cabildo tampoco quiere un centro de inmigrantes en la antigua cárcel

La Corporación Insular emitió ayer un comunicado en el que anuncia su intención de exigir al Estado la "inmediata devolución" del edificio desde el momento en que éste se destine a otro uso distinto al carcelario, tal como establece el contrato de cesión firmado en 1929.

EL DÍA, S/C de Tenerife
4/jun/02 12:03 PM
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"El Cabildo de Tenerife quiere que el edificio que ha albergado la prisión Tenerife I sea destinado a acoger actividades socioculturales, para lo que esta corporación habilitaría las inversiones necesarias".

Con estas contundentes palabras manifestó ayer la Corporación Insular su posición sobre la polémica posibilidad de que el recinto carcelario de la avenida Benito Pérez Armas de la Capital acabe por convertirse en un centro de acogida de inmigrantes, tal como pretende el Estado y apoya el Gobierno de Canarias.

La posición del Cabildo tinerfeño parte de un acuerdo adoptado por su Comisión de Gobierno, reunida ayer bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior, y que viene a refrendar la negativa del Ayuntamiento de Santa Cruz a la rehabilitación y cambio de uso que propone el Ministerio de Interior para el recinto.

Según resume un comunicado público surgido tras la Comisión, "los responsables insulares han manifestado su discrepancia con el hipotético destino que se daría al inmueble como centro de acogida de inmigrantes, sobre todo desde el momento en que el Cabildo tiene derecho de reversión sobre la propiedad".

Los responsables políticos de la Corporación se refieren con ello a que la cesión gratuita de los terrenos al Estado que efectuó el Cabildo en 1929 establecía la condición de que sobre ellos no podía construirse otra cosa que la prisión provincial.

Que se contradiga esa parte del contrato conlleva, según la posición defendida desde el Cabildo, "la reincorporación de la finca al patrimonio insular desde el momento en que el edificio ya no cumpla sus funciones penitenciarias".

Según la misma nota, "ese derecho de reversión fue reconocido en 1988 por la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y hasta el momento, ningún órgano del Cabildo ha sido informado de planes sobre política de inmigración, así como de la utilización del inmueble por parte de la Administración del Estado o del Gobierno de Canarias".

Los responsables insulares resolvieron asimismo solicitar la creación urgente de una comisión que estudie y decida la ubicación de un centro de acogida con su capacidad referida al límite de la cuota que le corresponde a la Isla.

De igual manera, la Comisión de Gobierno considera que Canarias y sus entes insulares "están asumiendo un problema que excede su capacidad de solución, que debe recaer en el Gobierno del Estado y en los órganos de la Unión Europea, por lo que ha solicitado una reducción de la cuota de acogida asignada al Archipiélago".

EL DÍA se puso en contacto en la tarde de ayer con la jefa del Gabinete de Comunicación de la Delegación del Gobierno en Canarias, quien manifestó que el titular del citado departamento analizará hoy la posibilidad de realizar valoraciones o, por el contrario, si espera a un pronunciamiento del Ejecutivo Central.