EL CONGRESO APROBÓ AYER POR AMPLÍSIMA MAYORÍA, nada menos que el 93% de la Cámara, el proyecto de Ley de Partidos Políticos. La votación conjunta de cinco fuerzas parlamentarias - PP, PSOE, CiU y CC, más el diputado andalucista del Grupo Mixto - , refleja el creciente apoyo social a la ilegalización de Batasuna, objetivo para el que esta ley sería el instrumento jurídico adecuado. Los trabajos en comisión se han desarrollado en silencio, ensordecidos tal vez por el ruido del exterior, generado sobre todo por la pastoral de los obispos vascos, que estaría siendo analizada minuciosamente en el Vaticano, tras la doble protesta del Gobierno español, cursada a través del nuncio en Madrid y de nuestro embajador en la Santa Sede.
De la nueva ley de Partidos, que será publicada con toda probabilidad el próximo día 27 en el BOE, tras un pleno final en el Congreso, cuando el proyecto haya sido devuelto por el Senado, se conoce toda su etiología y hasta los últimos tramos de su elaboración. Sólo se ignoran los efectos que su entrada vigor desencadenarían en el País Vasco y, muy especialmente, en ETA y su entramado sociopolítico. Pero una vez puesta en marcha una acción legislativa de esta naturaleza, por razones, además de políticas, de orden aparentemente moral, sus efectos presumibles más negativos no han tenido en ningún momento el menor poder disuasorio.
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