LA RESPUESTA AL FENÓMENO migratorio que padece Canarias en los últimos años no está en destinar el inmueble Tenerife I a centro de inmigrantes ni mucho menos, a un centro de retención. Encarcelar a hombres y mujeres por el techo de no tener papeles, cuando han huido de la pobreza, de la explotación, de la guerra o de la represión para expulsarlos a los cuarenta días sin otro hecho que las propias calles de la capital, viola los derechos de los inmigrantes que llegan ilegalmente a nuestras costas. Canarias afronta un auténtico reto en los últimos años; la llegada masiva de inmigrantes clandestinos procedentes de África del Norte y del Sáhara occidental, principalmente. Es el Ejecutivo Central el que debe controlar la inmigración y adoptar las medidas necesarias para acabar con esta situación. La política inmigratoria debe contemplar los aspectos sociolaborales, educativos, culturales, de convivencia y de participación ciudadana sobre la base de normas que garanticen la seguridad jurídica de los inmigrantes y que se apliquen desde una actuación coherente de las diversas Administraciones. La ciudad de Santa Cruz se ha caracterizado siempre por ser hospitalaria y solidaria con los temas sociales. Y en este caso, la inmigración es un tema que nos preocupa a todos, el Ayuntamiento de Santa Cruz asume sus obligaciones, sin pretender eludirlas o derivarlas, pero exige del Gobierno del Estado y del Autonómico la coordinación e integración de las políticas de inmigración. Hasta el momento, la Corporación municipal que presido no ha recibido ninguna información por parte de las Administraciones implicadas sobre políticas de inmigración o la utilización que se le va a dar al inmueble que ha albergado la prisión Tenerife I. Me consta que el Cabildo de Tenerife ha manifestado su intención de reclamar el edificio si el Estado le da un uso diferente al carcelario. Una decisión que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento capitalino y de los vecinos de esta Ciudad. El equipo de Gobierno municipal ejerce una política cuyo fin primordial es la defensa de los intereses de los vecinos de Santa Cruz y la postura de éstos es clara ante la instalación de un centro de permanencia temporal para inmigrantes. Insisto que el amparo que esta Ciudad y sus habitantes brindan a la diversidad y al pluralismo cultural está fuera de toda duda. Cada Administración debe asumir sus responsabilidades e impulsar vías de participación que posibiliten una acción coordinada. La inmigración requiere un reconocimiento político y administrativo que garantice una unidad de criterio y de actuación, a fin de que la política del Gobierno del Estado en materia de extranjería se desarrolle de forma eficaz, bajo los principios de legalidad, convivencia democrática y respeto a los derechos humanos. Es imprescindible la elaboración de políticas de incorporación de los inmigrantes que reconozcan los derechos sociales, políticos y cívicos de esta población, y no el hacinamiento en un edificio sin más futuro que acabar durmiendo en las calles.
