Arias Cañete señaló, en rueda de Prensa, que el siguiente paso será convocar a los grupos de trabajo, para establecer "los documentos de estrategia" que permitan a los parlamentarios europeos disponer de una base documental "sólida" con la que fundamentar "la oposición" del Gobierno español a determinados aspectos incluidos en la propuesta de reforma.
Entre esos aspectos, resaltó como el "mayor enfrentamiento" actual con la Comisión la prohibición de nuevas construcciones de buques. Dijo que aunque esperaba una propuesta "muy conservacionista", nunca pensó que ésta incluyera elementos "de desequilibrios tan profundos". El ministro calificó de "excesivo" el desguace de 1.300 barcos.
El ministro, que asistió ayer en Algeciras a la firma de un convenio entre la empresa estatal Mercasa y el Ayuntamiento de esa localidad para la creación de la sociedad anónima Mercalgeciras, anunció que el próximo día 18 se reunirá la Mesa de la Pesca para avanzar en las posibilidades de acceso de la flota española en caladeros comunitarios del Báltico y el mar del Norte y estudiar el "impacto" real de la reforma sobre el sector español.
Tras admitir que el proceso será "largo, duro y difícil", Arias Cañete manifestó su consideración de que la Comisión "ha abierto alguna puerta de diálogo" y reiteró que el Gobierno español "va a explorar" esta vía para buscar una política pesquera "equilibrada".
Sobre el cambio de postura del consejero andaluz del área, Paulino Plata, que ha accedido a participar en la Mesa de Pesca creada por el Gobierno si se tiene en cuenta la postura de la Junta, el ministro consideró que esa reconsideración obedece a que "se ha dado cuenta del error estratégico tan grande" que cometió. Recordó que es la Comisión Europea la que, por iniciativa legislativa, puede "colocar o quitar" un documento y precisó que para retirar una propuesta sería necesaria una "mayoría cualificada" de estados miembros y en estos momentos hay una "profunda división" entre los países del Norte y el Sur.
En otro contexto, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife expresó ayer su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea para reducir la flota pesquera. El Grupo exigió que se destine fondos europeos para la modernización de la flota. Esta iniciativa, de prosperar, según expone en una nota remitida a EL DÍA, supondría la eliminación de cinco mil puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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