Sucesos
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
El PP no negociará el cambio político en Andalucía con Vox leer

"Hay que evitar que Canarias se convierta en el paraíso de ex convictos por narcotráfico"

Juan Manuel Fernández del Torco reclama un equipo de psicólogos y asistentes sociales para el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ya que se considera "vendido" cuando otorga permisos a internos y le preocupa dar el mismo trato a un violador o un asesino que a un traficante.

EL DÍA, S/C de Tenerife
9/jun/02 9:39 AM
Edición impresa

Juan Manuel Fernández del Torco, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria advierte, en declaraciones a EL DÍA, que "hay que evitar que Canarias se convierta en el paraíso de los ex convictos por narcotráfico. Esta afirmación la mantengo porque se está llevando, con una cierta confusión generalizada, el concepto de inmigración. Este proceso, podemos definirlo desde la vertiente de legalidad y, por otra, de ilegalidad".

Para el juez "en esta última se pueden encontrar otros dos grupos. En uno en la que no se ha vulnerado el Ordenamiento Jurídico y, en otro, en que sí se vulnera - en el caso en que se hayan cometidos delitos o faltas cuyas sanciones no excendan de seis años y en otros en los que sí se superen los seis años - . Nosotros entendemos que a los que cometan infracciones que no superen los seis años, lo que hay que aplicar con toda contundencia, es la expulsión del territorio español de inmediato, pero con garantías".

En los casos en que la pena sea superior a seis años, "una vez que sea sometido el autor al procedimiento penal y con las garantías del Estado de Derecho, en el cumplimiento de las penas, los que en atención a que no poseen arraigo en la Isla e incluso si lo poseen es más de conveniencia, se debe tener en cuenta la naturaleza del delito y la pena impuesta limitándoles el disfrute de beneficios de índole penitenciario, porque son internos de fácil adaptación a la prisionalización. Son internos profesionales, que son conscientes cuando cometen la acción y que la respuesta del Estado al respecto es de condena adaptándose al medio penitenciario y desarrollando una buena conducta".

Una concesión peligrosa

En estos casos, este tipo de reclusos, para Fernández del Torco, "tiene un peligro y es que si se abre el portalón de los beneficios penitenciarios, junto con el arraigo ficticiamente creado, nos encontraríamos con que estas personas, al llegar a su libertad condicional (haber cumplido las tres cuartas partes de la pena) establecerían su residencia en la Isla amparándose en la aplicación de la Ley de Extranjería. Además, el ser humano tiene amigos y familiares y contactos con su país de origen", con lo cual llegaríamos a estar hablando de "cabezas de puente" y "es muy difícil que el que entra en una banda de narcotraficantes pueda salir. "Por eso decía que una de las labores que me compete como juez de Vigilancia, a la hora de analizar los beneficios penitenciarios, por un lado, es defender y garantizar los derechos de los internos conforme al principio de legalidad, pero también defender del interés social, ya que debemos proteger no sólo a la víctima concreta sino a toda la población, y más en delitos de narcotráfico, donde la insolidaridad de los autores del hecho queda patente, pues con un egoísmo individual, justificándolo en la escasez de recursos, no les importa portar este tipo de sustancias para que se destinen a terceras personas que son víctimas inocentes. En los permisos penitenciarios que se dan tengo en cuenta la condición individual de cada interno y su país de origen, ya que no es lo mismo ser ciudadano de la UE que ser ciudadano latinoamericano, incluso venezolano y hago esta matización porque en las Islas hay cierta sensibilidad con este país, ya que el 90 por ciento de los canarios que emigraron en su día a Venezuela, no portaban este tipo de sustancias".

Al hilo prosigue el juez argumentando que "también hay que atender a la naturaleza del delito y nadie discute que los de drogas son gravísimos. En segundo lugar, las penas que se imponen son largas y no se pueden dar permisos a la ligera. Y, por último, hay que evitar que puedan volver a delinquir". De todas formas, este juez confiesa que no está de acuerdo con el cumplimiento íntegro de las penas porque evita la reinserción.

Del Torco no considera que haya un tratamiento discriminatorio respecto a las reclusas en cuanto a beneficio penitenciaria, sin embargo "si puede ser que adolezca en el caso de Tenerife II de que no tienen un módulo similar al Fénix que existen para los hombres y quizás habría que solventarlo de forma que tuviese condición mixta".