En un comunicado de tres páginas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que preside José María Cuevas, acusa a los sindicatos de "convocar una huelga política para mantener un pulso con el Gobierno".
La CEOE recuerda que "el derecho de huelga" reconocido en la Constitución "constituye un instrumento límite de las relaciones laborales democráticas, que tienen como contrapartes a empresarios y trabajadores". En este sentido, la organización empresarial subraya que el derecho a la huelga general "no ha sido concebido para ser dirigido contra los poderes públicos".
A su juicio, "unas discrepancias" como las alegados por ambas centrales en su preaviso de huelga general "no pueden justificar una iniciativa sindical de tal entidad. Menos aún - continúa el comunicado - si se utiliza para mantener un pulso con el Gobierno, sustituyendo las tareas que incumben a los partidos políticos y al Parlamento de la Nación".
En otro párrafo del escrito remitido a EL DÍA, la CEOE muestra su preocupación por la fecha elegida por los sindicatos para la protesta, al coincidir "con acontecimientos importantes para España y su futuro". En su opinión, la huelga del 20 - J comportará "un daño desproporcionado en comparación con el que se produciría con la simple inactividad laboral". En consecuencia, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales solicita al Ejecutivo que garantice el derecho y la libertad de trabajo, y que "mediante los medios oportunos, evite violencias o coacciones sobre empresas y trabajadores, manteniendo el orden público frente al lamentable espectáculo al que hemos asistido en ocasiones similares con los "piquetes informativos"". Para la organización empresarial es imprescindible, igualmente, que "se cumplan de manera escrupulosa los servicios señalados en los sectores esenciales de la Comunidad, en especial los referidos a abastecimiento, comunicación y libre circulación de personas".
Sanciones
Así las cosas, CEOE recomienda a todas las empresas que el 20 - J se mantenga "todos los centros de trabajo abiertos". El objetivo de este consejo es, por un lado, "cumplir con nuestra obligación de empresarios" y, por otro, "permitir a los trabajadores que lo deseen poder cumplir con su derecho constitucional al trabajo". La patronal remarca que ese derecho no puede sufrir ningún tipo de impedimento y exige que el incumplimiento de los servicios mínimos sea sancionado. "Ni por la vía de coacciones de los denominados "piquetes informativos" ni por la vía de imposibilitar el transporte a los distintos centros de trabajo" puede vulnerarse el derecho constitucional al trabajo, se subraya en el comunicado.
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