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Rodríguez: "El Congreso apoyó desviar inmigrantes"

El presidente del Gobierno de Canarias sigue confiando en que Interior cumpla con los compromisos de cooperar con los países emisores, proteger las fronteras y establecer una red de centros en el Archipiélago.

EFE, S/C de Tenerife
19/jun/02 16:27 PM
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El presidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, recordó ayer que la derivación de inmigrantes ilegales a otras comunidades autónomas españolas se recoge en una Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento español, a propuesta de la diputada de CC María del Mar Julios.

Rodríguez manifestó a un grupo de periodistas durante la inauguración del Foro de Oportunidades del Negocio de Base Tecnológica, en la capital grancanaria, que en esa Proposición se establecen "con claridad tres actuaciones" a las que se compromete el Gobierno español.

La primera, dijo, hace referencia a la política de cooperación al desarrollo con los países emisores de emigrantes; la segunda, trata sobre potenciar y proteger "nuestra frontera"; y la tercera, de establecer una red de centros en la Comunidad Canaria con capacidad para 1.500 plazas, que se distribuirán en cuatro islas: Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.

A partir de esa cifra, afirmó Rodríguez, se comparte "esa responsabilidad solidariamente con el resto del Estado y la Unión Europea".

El presidente reiteró que quien tiene la responsabilidad de gestionar la problemática de los inmigrantes ilegales en este país es el Ejecutivo central, a través de su Ministerio del Interior, "y lo hemos dicho 550 veces".

Compaginar intereses

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, abogó ayer por compaginar el derecho de los inmigrantes a establecerse en el país con el derecho de los pueblos a donde tiende la inmigración a salvaguardar sus intereses.

Hernando, que se reunió en Tenerife con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, afirmó que esta compaginación es la que hace que surjan diferencias, aunque insistió en que el extranjero que llega a un país se tiene que adecuar a las normas de convivencia del mismo. "A mí no se me ocurriría ir a un país islámico y entrar en una mezquita calzado" afirmó Hernando, que anunció que el discurso de apertura del año judicial, que se celebrará en septiembre, versará sobre la inmigración.