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Madrid llevará al Constitucional la Ley Canaria de Acompañamiento

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, ha declarado a EL DÍA que el Ejecutivo Central recurrirá de inmediato esta ley regional por vulnerar una norma orgánica al suspender la colegiación obligatoria para trabajar en la sanidad pública.

EL DÍA, Santa Cruz de Tenerife
23/jun/02 1:18 AM
Edición impresa

El Gobierno Central prevé recurrir ante el tribunal Constitucional la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2002, al entender que la aprobación de la enmienda de CC que suprime la colegiación obligatoria para todos los profesionales sanitarios que ejercen en los centros públicos vulnera una normativa orgánica.

Esta decisión fue adelantada a EL DÍA por el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (COMTF), Rodrigo Martín Hernández, quien aseguró que el Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP) ha comunicado la intención de recurrir la Ley de Acompañamiento "en bloque" por "tres motivos", de los que le fue desvelado el referido a la anulación de la colegiación obligatoria para los sanitarios.

Añadió que, en este caso, el propósito del Ejecutivo Central es suspender la modificación del artículo nueve de la Ley 10/1990 de Colegios Profesionales, al igual que hizo con la andaluza, porque contradice y vulnera "una ley orgánica", con lo que se suma a las acciones en contra adoptadas por los colegios del sector sanitario de Canarias y la Unión Profesional (UP) provincial y nacional.

"Admito a trámite el recurso, que se llevará a un próximo Consejo de Ministros, la ley quedaría paralizada hasta que el tribunal (el Constitucional) se decida, para lo que tiene un plazo de cinco meses", aclaró el presidente del COMTF, que matizó que "la ley canaria es peor que la andaluza porque afecta únicamente a los colegios de los profesionales sanitarios, lo que discrimina a unos respecto a otros".

La enmienda de CC fue aprobada por el Parlamento de Canarias en febrero pasado para que la Consejería de Sanidad y Consumo pudiera eludir el pago de 3 millones de euros anuales, unos 500 millones de pesetas, en concepto de las cuotas colegiales de los profesionales sanitarios de los centros públicos.

Sentencias favorables

Esta decisión estuvo motivada por la existencia de varias sentencias dictadas por distintos tribunales favorables a los trabajadores, que demandaron a sus respectivas administraciones autónomas el pago de las cuotas de colegiación, como hacía con los inspectores.

Las repercusiones de la entrada en vigor de esta ley no se han dejado esperar, aunque afectan de una forma desigual a los colegios profesionales del sector.

En este sentido, Rodrigo Martín señaló que el COMTF "está en una situación intermedia, por el número de colegiados que tienen consulta privada, que son aproximadamente la mitad", lo que en términos de ingresos supone la pérdida de unos 300 mil euros al año, unos 50 millones de pesetas. "Otros colegios lo tienen peor, como el de Enfermería", dado que la gran mayoría trabaja para la administración.

"Pero la pérdida de ingresos no es el principal problema, sino la salvaguarda de la ética y la formación continuada", apostilló Rodrigo Martín, que recordó que "hay sentencias del Constitucional a favor de la colegiación precisamente por el carácter de las prestaciones de determinadas profesionales, que justifican que sea obligatoria para que haya una ética común y responsables de estas actuaciones ante la población".