Esperan un cambio

JORNADA, S/C de Tenerife

La Asociación de Sociedades de Cazadores de Canarias, con una representación del 80% de este colectivo, quiere hacer saber que ha tenido conocimiento de que en el Pleno del Parlamento de Canarias, a celebrar mañana, se debatirá una modificación de la Ley 8/97 Canaria del Deporte.

Esta propuesta de modificación se ha hecho a todos los partidos representados en el Parlamento. De ellos sólo el PSOE ha tomado la iniciativa de su mano. Representantes de los cazadores, han mantenido reuniones y numerosas comunicaciones con los grupos parlamentarios y todos ellos han visto la necesidad de los cambios propuestos.

Sin embargo, en la sesión del Gobierno celebrada el día 3 de junio de 2002, el Gobierno ha adoptado la postura de manifestar el sentido negativo respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista para apoyar la modificación pedida a la Cámara.

No obstante, en el escrito remitido al presidente del Parlamento, por el Gobierno y firmado por el consejero de la Presidencia Julio Bonis Álvarez, se reconoce que en la Federación Canaria de Caza se da una desproporción entre el número de afiliados que participan en competiciones, y que tienen derecho a voto, y el número total de afiliados a la misma, que no tienen derecho a voto en los procesos electorales. Reconociendo en este escrito que los votantes no llegan siquiera al 10% del total. La realidad es que sólo participan menos del uno por ciento de los cazadores de Canarias.

El Gobierno ha tomado esta postura por un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Deportes, quien ha interpretado la propuesta de forma que el sector aludido considera equivocada y perjudicial para los cazadores canarios.

Según un escrito remitido por la citada Asociación, ante la circunstancia de coincidir el mismo firmante de esta postura, con quien firmó la orden de 28 de marzo de 1998, por la que se obliga a vacunar a los perros de caza cada año, cuando hasta entonces se venía haciendo cada dos, los cazadores ven con recelo todas las disposiciones y normas reguladoras emanadas de la consejería.

La misma asociación explica que los acuerdos tomados señalan que además de denunciar estos hechos, los cazadores llegado el momento piensan tomar parte en las campañas electorales y no apoyar con sus votos a un Gobierno y a un partido que dicen luchar por Canarias, pero luego no lo demuestran puesto que les niega un derecho constitucional como es el de elegir a sus representantes deportivos. Para este colectivo de cazadores, el Gobierno olvida que los cazadores de Canarias son 35 mil y que todos ellos unidos a sus familiares representan más de 300 mil votantes a los Ayuntamientos, Cabildos y Parlamento de Canarias.

Por otro lado, quieren mostrar su rechazo por las manifestaciones en la prensa, del presidente de la Federación Canaria de Caza y del Consorcio de Cazadores de Tenerife, ya que le consideran el responsable de esta actuación del Gobierno.

Los cazadores critican también, entre otras cuestiones, permitir y no recurrir la Orden de 28 de marzo de 1998, por la que todos los perros de caza se deben vacunar cada año, con las secuelas y efectos negativos para los perros y el bolsillo de los cazadores.