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El Parlamento reclama al Gobierno que mejore el control de sus gastos

El Pleno de la Cámara Regional aprobó ayer la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2000 gracias a los votos de CC, PP y AHI. Los diputados socialistas, se abstuvieron argumentando que el Ejecutivo "no cumple la ley en los procedimientos económico-financieros".

J.E., S/C de Tenerife
28/jun/02 16:27 PM
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Pese a los ímprobos esfuerzos del diputado socialista Augusto Brito, que defendió una propuesta de resolución en la que se solicitaba al Parlamento Regional que no aprobara la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2000, por "no reflejar la imagen fiel de su patrimonio", el pleno de la Cámara dio ayer el visto bueno a dicho documento, aunque reclamado al Gobierno de Canarias que realice un mayor esfuerzo en el control de sus gastos.

Para ello fueron suficientes los votos de CC, PP y AHI, cuyos diputados respaldaron la propuesta de resolución presentada por Coalición Canaria en la que se acuerda aprobar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2000 y se insta al Ejecutivo Canario, entre otras cuestiones, a que haga "un esfuerzo para la mejora procedimental del gasto, estableciendo, si fuera preciso, manuales, circulares o formularios, que permitan reducir al mínimo necesario los expedientes de convalidación".

Todos los grupos coincidieron en felicitar a la Audiencia de Cuentas por el ritmo acelerado con que se han presentando recientemente al Parlamento los informes de fiscalización y en reclamar al Gobierno Canario - hecho que se produce año tras año - mayor rigor en el cumplimiento de las recomendaciones que la citada institución recoge en sus informes.

"Divorcio con la realidad"

En su intervención, Augusto Brito se quejó de que la Cámara se dedique a "pegar palitos al Gobierno, pero al final ratifique sus cuentas" y reclamó al Ejecutivo que "dé la cara y explique porque no cumple las recomendaciones que efectúa la Audiencia de Cuentas en sus informes".

A su juicio, "es un absurdo que se apruebe una cuenta de la que el órgano fiscalizador dice que no refleja la imagen fiel del patrimonio de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, Brito advirtió de que se está produciendo "un divorcio entre las cosas como son y la conveniencia política".

Como medida paliativa de esta situación y vista la disposición de CC y el PP, el diputado socialista abogó por "buscar mecanismos de tipo parcial que no siendo tan duros como el de rechazar la Cuenta General obliguen al Gobierno a cumplir la legalidad en los procedimientos económico-financieros".

El portavoz del PP en la Cámara Autonómica, Javier Sánchez Simón, se mostró de acuerdo con Brito en la necesidad de que la legalidad se cumpla y en que se exija al Gobierno y las empresa públicas que lo hagan en el mismo grado que se le exige a cualquier particular.

No obstante, consideró que la propuesta socialista de rechazar la Cuenta General de 2000 no estaba justificada.

Conviene recordar que en las conclusiones del informe de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta General de 2000 se señala que "en los últimos ejercicios se ha apreciado un aumento paulatino de la permisividad en el control, como consecuencia de la extensión del ámbito en que la fiscalización previa se efectúa bajo la modalidad de limitada y desplazando la función interventora hacia el control financiero posterior, sin que ese control posterior se esté efectuando adecuadamente".

Si hubo unanimidad, aunque no se manifestara después al votar, en recomendar al Gobierno que habilite los medios precisos para completar los informes de gestión a realizar por la Intervención General, parados en 1999.