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Garzón reclama a las administraciones el dinero que deben a Batasuna para su embargo

El portavoz de la coalición "abertzale" radical, Arnaldo Otegi, manifestó que ésta ni tiene ni pagará la suma que se le reclama, 24,3 millones de euros, al considerar que "políticamente no lo deberíamos hacer en ningún caso".

COLPISA, Madrid
5/jul/02 1:48 AM
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó ayer a las Administraciones central, vasca y navarra que le informen sobre el dinero que deben a Batasuna, a fin de proceder en las próximas horas a su embargo cautelar para cubrir la fianza de 24,3 millones de euros que le ha impuesto en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados en la o violencia callejera desde el verano de 2001.

Por su parte, el portavoz de la coalición "abertzale" radical, Arnaldo Otegi, manifestó que ésta ni tiene ni pagará la suma que se le reclama, al considerar que "políticamente no lo deberíamos hacer en ningún caso".

El plazo de una audiencia (asimilable a un día) concedido a Batasuna para que afiance - en metálico, con aval bancario o hipotecando sus bienes - la cantidad exigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco no concluirá hasta hoy e incluso mañana, en función del momento en el que al representante legal de la formación se le notifique formalmente un auto que ya conocen sus representantes de manera "extraoficial". No obstante, el magistrado ya ha iniciado los trámites para localizar todos sus derechos económicos susceptibles de ser incautados.

A tal fin, Garzón cursó ayer un oficio a la Secretaría de Estado para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, para que le informe de si Batasuna "es acreedora de alguna cantidad que, según resolución judicial, deba satisfacer el Estado".

Respuesta afirmativa

La respuesta del Gobierno central será afirmativa, ya que el Tribunal Supremo ha confirmado distintas sentencias que le condenan a abonar 6,9 millones de euros a la coalición en concepto de subvenciones por las campañas electorales celebradas entre 1982 y 1986, si bien el asunto está ahora en manos del Tribunal Constitucional para dilucidar si esa deuda puede ser anulada según las últimas reformas legales.

Un requerimiento similar fue hecho por el instructor a las Consejería de Interior y de Hacienda del Gobierno vasco, así como a la Hacienda Foral de Navarra, a las que solicita información sobre "las cantidades asignadas a Batasuna con cargo a los presupuestos" de ambas comunidades autónomas, tanto en subvenciones por número de votos recibidos y escaños conseguidos, como en otro tipo de ayudas.