Sucesos
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
PP, PSOE y Cs se unen para suprimir los aforamientos, pese a las diferencias leer

"Me parece un disparate que el Juzgado de Menores tenga competencias para dar permisos"

El magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Juan Manuel Fernández del Torco, ha concedido, en lo que va de año, 365 salidas y ha denegado 373, de acuerdo con la ley. Dichas dependencias judiciales cuentan con un programa informático único que, por el momento, ha dado buenos resultados.

EL DÍA, S/C de Tenerife
7/jul/02 9:41 AM
Edición impresa

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, cuyas competencias son provinciales, cuenta con un programa informático acorde a las necesidades de los asuntos que trata, pero respecto a la Península otorga menos permisos a los internos.

Juan Manuel Fernández del Torco, magistrado de dicho juzgado, ha sido motivo de cierto malestar entre algunos internos de Tenerife II por su negativa a conceder permisos a algunos colombianos condenados por un delito contra la salud pública que han hecho público su protesta, incluso ante el Defensor del Pueblo. Al hilo, el juez afirma que "en cuanto al planteamiento que realizan algunos internos de Tenerife II sobre la negativa sobre la concesión de permisos penitenciarios, se debe a que no concurren los presupuestos que demanda la Ley General Penitenciaria ni los requisitos mínimos exigibles por la Ley de Extranjería para otorgar estos permisos".

La Junta propone...

Los reclusos, tras presentar su solicitud de permisos, son revisadas por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de El Rosario, la cual emite un informe que es enviado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el cual estudia, caso por caso, si se concede o no dichos días fuera del recinto penitenciario.

En los casos referidos anteriormente de dos colombianos, la Junta de Tratamiento recoge, por unanimidad, conceder permiso, pero al trasladar el expediente del interno al Ministerio Fiscal, a fin de que emitiera el correspondiente informe, manifiesta que "el fiscal se opone al permiso de salida al entender que siendo el riesgo de quebrantamiento del cien por cien, éste no ofrece garantías de un correcto uso del mismo", por lo que el Juzgado se opuso a otorgar dichos beneficios.

Cada caso por separado

Juan Manuel Fernández del Torco, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, comentó a EL DÍA que, "evidentemente, nunca hay un tratamiento homogéneo, sino individualizado a la hora de otorgar los permisos. Lo único que nos ha sorprendido es que haciendo nosotros un enfoque globalizador de los permisos parece que se sientan aludidos. Con propuestas negativas de la Junta de Tratamiento de Tenerife II y, además, con ratificación de la Sección Segunda que han acudido en algunas ocasiones, recurso de apelación y estamos actuando dentro de la Ley. Si ellos consideran que tienen una discriminación en el trato tienen una salida que es pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC)".

Casi todos los internos que suelen tener cumplida la cuarta parte de su condena suelen proponer las solicitudes de permisos.

La Junta de Tratamiento de Tenerife II está compuesta por el director, subdirector, psicólogo, educador, mientras que el trabajador social hace constar su parecer.

Generalmente, por el volumen de internos condenados, "se detecta que si el mayor número de internos lo son por un delito contra la salud pública sean éstos los que los piden, pero también los hay por hurto, por asesinato y por violación. Cuando cumplen la cuarta parte, todos los internos piden permisos".

Para el magistrado de Vigilancia Penitenciaria, el hecho de que en el centro penitenciario exista una población flotante de 300 a 350 internos que pertenecen a la prisión de Salto del Negro (Gran Canaria) "sí que se puede hablar de una masificación, ya que Tenerife II estaba construida para 900 reclusos".

Más en la Península

Fernández del Torco afirma que "en la Península tengo constancia de que se dan más permisos que aquí, pero las cifras hablan de mitad de permisos otorgados y mitad denegados".

En lo que va de año, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha concedido 365 permisos favorables y ha denegado 373.

Asimismo, "me parece un disparate que el Juzgado de Menores tenga competencias para otorgar los permisos a menores porque la ejecución debería de haberle correspondido al juez de Vigilancia Penitenciaria, al ser él quien tiene capacidad para ejecutar las penas y de las medidas de seguridad, tanto de mayores como de menores. La Ley 5 y 8/2000, plantearon un régimen singular que yo no comparto".

Garantías y celeridad

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cuenta con un programa informático propio porque lo confeccionó el propio magistrado y no fue aportado por la Dirección General de Justicia pues cuando se ha intentado crear el programa se olvidó de introducir la documentación necesaria para operar con él y, "reiterando, a mi modo de ver el criterio de Atlante, no era acorde con las necesidades y este juzgado tuvo que confeccionar su propio programa para dar salida con agilidad al trabajo, al tiempo que se rentabilizaba y se le daba celeridad a casa procedimiento. Por el momento parece que existen garantías de unos resultados óptimos".

Psiquiatras y dentistas

En Tenerife II "sólo hay psicólogos, pero no psiquiatras, ya que la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario no se contempla que tenga que formar parte de la plantilla un psiquiatra, sino un psicólogo. Los psiquiatras atienden a los internos que lo necesiten a través de una dispensa para llevarle al Hospital Psiquiátrico o al Servicio de Psiquiatría del HUC o del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria".

En cuanto a la no existencia de dentistas en el centro penitenciario, Fernández del Torco apuntó que "es una prestación sanitaria que se puede realizar en un ambulatorio como al resto de los ciudadanos".

Los dentistas que acuden a Tenerife II venían cobrando por acto médico, pero "no se cubren sino extracciones tal y como pasa en la Seguridad Social con el resto de la población adulta".