Canarias

Rodríguez conocía el destino de los 11,8 millones pagados por Tindaya

Juan Carlos Becerra dijo ayer, según la letrada de la acusación particular, que en 1999 tuvo lugar una entrevista, en la que las dos empresas adjudicatarias del proyecto de Chillida aseguraron haber dedicado esa cantidad "a pagar los derechos de la concesión minera de Cabo Verde".

EL DÍA/EFE, Tenerife/Las Palmas
10/jul/02 16:28 PM
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El presidente del Gobierno Canario, Román Rodríguez, conocía el destino de los 11,8 millones de euros (1.960 millones de pesetas) cobrados por la UTE y que FCC-Necso pagó con ellos los derechos de la concesión minera de la empresa Cabo Verde en la Montaña de Tindaya, según dijo ayer la letrada de la acusación particular en el "caso Tindaya", ejercida por el PSC, Josefina Navarrete.

Ésta fue la declaración más "novedosa" que el consejero de Turismo y Transportes del Ejecutivo Canario, Juan Carlos Becerra, realizó ayer en su comparecencia como testigo ante el juez que instruye el caso, Florencio Barreda, aseguró Navarrete en un receso de la testificación.

El consejero dijo que en 1999 tuvo lugar una entrevista con la UTE, integrada por Necso y FCC en la que las dos empresas que la forman aseguraron haber destinado esa cantidad "a pagar los derechos de la concesión minera de Cabo Verde", afirmó la letrada.

Durante las cinco primeras horas de su testificación, Becerra contestó a las preguntas de las acusaciones particular y popular, esta última ejercida por la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción a través del abogado José Manuel Rivero.

En esa reunión con la UTE estuvieron presentes Julio Bonis, el jefe de los servicios jurídicos del Ejecutivo, Martín Orozco, y Rogelio Frade, aseguró Becerra, quien también reconoció que el presidente del Gobierno, Román Rodríguez, "sabía todo esto, y que, a pesar de ello, no se había tomado ninguna medida por escrito para requerir la devolución del dinero ni ninguna otra cosa", agregó la abogada.

Navarrete apuntó que el consejero informó además de que "verbalmente se habían dado órdenes de no pagar los talones de las dos últimas certificaciones a la UTE, y de que esas órdenes verbales no se las habían dado a Jaime Rodríguez Cíe, administrador de la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), porque ya desconfiaban de él, pese a lo cual no supo explicar por qué no se incluyó en la querella del Gobierno".

A juicio de la acusación particular, "esto viene a indicar la disposición de dinero que ha seguido este Gobierno respecto a esta operación, frente a lo cual parece que no había tomado ninguna medida importante".

Respecto al destino otorgado por la UTE a los 11,8 millones cobrados del Gobierno, a Becerra "lo único que le sorprendió es que, en lugar de ser empleados en gastos de estudio e implantación, se destinaran a otra cosa", según dijo la abogada.

Navarrete reiteró que "la querella interpuesta por el Gobierno por una presunta estafa contra la UTE y Cabo Verde, propietaria de los derechos mineros de la montaña, se puso como una especie de salida hacia adelante para tomar la posición de acusador antes de ser acusado".

A su juicio, "el elemento del engaño, que es la base del delito de estafa, está más que desvirtuado a todos los niveles, no se sostiene de ninguna manera; lo cierto es que ha habido un manejo de dinero importantísimo, unos perjuicios importantísimos y una gestión política lamentable".