Sucesos

Condenado a siete años de prisión por un delito inmobiliario de estafa continuada

El acusado abrió ocho oficinas de su inmobiliaria JMH en Tenerife, con las que captó clientes que adelantaban dinero por viviendas de las que no disponía.

EL DÍA, S/C de Tenerife
23/jul/02 9:42 AM
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre como autor responsable de un delito de estafa continuada, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de siete años y un día de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 20 meses con una cuota diaria de mil pesetas, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares y la cantidad global de 1.352.104,3 euros (224.971.225 pesetas) en concepto de indemnización por perjuicios.

Según consta en la sentencia del caso, "el acusado, mayor de edad, ejecutoriamente condenado en sentencia de 26 de enero de 1995 por delito de estafa a una pena de 9 años de prisión, entre los meses de marzo de 1999 y agosto de 2000, y con la idea preconcebida de captar clientes, generar su confianza y aparentar solvencia frente a ellos, abrió ocho oficinas bajo el nombre de JMH Inmobiliaria en distintas poblaciones de esta Isla, figurando él como único propietario. Concretamente, instaló tres en esta Capital, dos en Puerto de la Cruz y tres más en distintos puntos del Sur de la Isla".

Asimismo, se añade que "una vez instaladas dichas oficinas, se dedicó a captar clientes, bien directamente o bien a través de sus empleados, los cuales acudían alentados por las aparentes facilidades que el acusado proporcionaba para adquirir viviendas a bajo precio".

No acudía a las subastas

Hay que resaltar, según se recoge en la sentencia, que "en unos casos la presunta adquisición se iba a efectuar a través de subastas judiciales a las que, teóricamente, el acusado decía que iba a acudir; en estos supuestos firmaba con los clientes un contrato llamado mandato de intervención, mediante el cual y previa recepción de diversas cantidades de dinero, el acusado se comprometía a adquirir para ellos una vivienda concreta en un plazo máximo de seis meses. En otros casos, firmaba con ellos contratos de compra - venta de viviendas concretas, en las cuales él figuraba como propietario de las mismas, y en las que, también previa entrega de distintas cantidades de dinero según la vivienda que se tratarse, se comprometía a entregarles la vivienda pasado un período de tiempo que variaba de unos contratos a otros, libres de cargas y gravámenes".

Pues bien, "ninguna de las operaciones concertadas por el acusado en ese período de tiempo llegaron a efectuarse, ya que ni acudió a subasta judicial alguna ni era propietario de las viviendas que presuntamente enajenaba, siendo todo ello un montaje efectuado por el acusado para apoderarse en su propio beneficio del dinero recibido de los clientes, los cuales, una vez que comprobaban que transcurrido el plazo estipulado la vivienda no les eran entregadas, acudían a las oficinas del acusado, encontrándose que éstas estaban cerradas", recoge la sentencia.

Las acusaciones particulares calificaron los hechos definitivamente igual que el Ministerio Fiscal, estando igualmente de acuerdo con las indemnizaciones solicitadas por el mismo.

Para finalizar, la defensa del acusado solicitó la imposición de la pena mínima que corresponda.