Vivir
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
CC se reafirma en contra de la política de hacer bloques de partidos leer

Morales reconoce que el Estado cumple y traslada a los inmigrantes a la Península

En declaraciones a EL DÍA , el consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Canario ponderó que llegado el caso de poner en libertad a estas personas, esta actuación se realice en territorio continental "y aquí contamos con una parte proporcional, en función de nuestras posibilidades".

SERGIO LOJENDIO, S/C de Tenerife
26/jul/02 2:52 AM
Edición impresa

Los acuerdos tomados en la última reunión de la Subcomisión mixta Canarias Estado, con Enrique Fernández Miranda aún en el cargo de secretario de Estado para Inmigración y Extranjería, comienza a dar sus frutos.

La ratificación posterior a ese acuerdo por parte del Congreso de los Diputados, a través de la proposición no de ley presentada por la diputada de Coalición Canaria, María del Mar Julios, y aprobada el 18 de abril, no hace sino certificar "que el Estado cumple uno de los compromisos que, a corto plazo, era prioritario para hacer posible que no se concentrara en los centros de Canarias un numero excesivo de inmigrantes", aseguró Marcial Morales a EL DÍA.

Entre otras obligaciones, el acuerdo establece que el Estado deberá planificar las medidas necesarias para que, cuando la capacidad de acogida de Canarias se vea superada, estas personas puedan ser derivadas hacia otros lugares del territorio y siempre dentro de la red nacional.

El umbral máximo de las Islas fue fijado entonces en un cupo de 500 plazas y, tal y como admite Marcial Morales, "tal capacidad está evidentemente desbordada".

Colapso en Fuerteventura

Según los datos que maneja el propio consejero del Ejecutivo Canario, a día de ayer el número de inmigrantes indocumentados retenidos en Fuerteventura superaba la cifra de setecientos.

"Ahora se nos cruza una segunda vertiente", explicaba Morales. "Hablábamos de dos fórmulas de derivación. Una, la informal, fundamentalmente la que facilitan las Comunidades Autónomas, y ésta otra, de carácter oficial, que se practica dentro de los cuarenta días prescritos por la Ley de Extranjería. Por tanto, se realiza en toda regla, porque el Estado tiene la capacidad legal de retener a estas personas y en su momento decidir que, como el centro de origen está colapsado, es necesario trasladarlos hacia otra instalación".

Una vez retenidos, si no se les puede aplicar la fórmula de la repatriación y se cumplen los cuarenta días preceptivos, estos inmigrantes serán puestos en libertad de forma equilibrada, con lo cual la integración se favorece, además de que en un continente se les facilita la movilidad.

"Lo que parece razonable, y por fin el Estado lo ha acometido, con lo cual admitimos públicamete que está cumpliendo, es que su puesta en libertad no se realice en Canarias, fundamentalmente como venía siendo habitual en la ciudad de Las Palmas, sino que se produce en territorio peninsular y aquí contaremos con una parte proporcional, pero en función de nuestras posibilidades", afirmó el consejero regional.

Política común

Pero además de celebrar que el Estado cumpla los compromisos que adquirió en su día con Canarias, Marcial Morales también prevé reacciones contrarias por parte de alguna Comunidad, "pero entiendo que esto nos obliga en el Consejo de Política de Inmigración, que se iba a celebrar en Valladolid y fue aplazado, a que urjamos todos juntos a desarrollar una política de Estado", concluyó.