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España rechaza la reforma pesquera y exige respeto a la singularidad canaria

Así lo señaló el propio Arias Cañete ante la Mesa para la Defensa de la Pesca, con la que compartió que "el planteamiento de la Comisión podría resumirse en que ahora hay demasiada flota para pocos recursos y en el futuro habrá abundancia de especies para una flota residual".

EL DÍA, Tenerife/Madrid
29/jul/02 2:59 AM
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El primer documento de análisis sobre la reforma de la política pesquera común (PCP), al que ha tenido acceso EL DÍA, critica que "se vete la presencia de representantes de todos los estados miembros, puesto que la gestión de la pesca en la Unión Europea puede ser del interés de todos los estados".

El primer paquete de propuestas, cuyo proceso de revisión concluirá el 31 de diciembre de 2002, "es demasiado pobre como para considerarlo un mapa de la pesca comunitaria", a juicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El documento de análisis es muy crítico con una reforma estructural que no sólo no contempla un tratamiento especial para Canarias, sino que "se caracteriza por una gran imprecisión jurídica en su redacción".

Éstas fueron algunas de las claves que el ministro de Agricultura, Arias Cañete, trasladó a los representantes de las comunidades autónomas, asociaciones, cofradías, armadores y eurodiputados que asistieron el pasado viernes, en Madrid, a la segunda reunión de la Mesa de Defensa de la Pesca, a la que asistió en representación del Ejecutivo Canario el viceconsejero de Pesca, Manuel Fajardo Feo.

Discriminación positiva

Arias Cañete ya dejó patente el pasado lunes, en la visita que realizó a Tenerife, que sea cual sea la decisión final que adopte la Comisión Europea sobre la reforma de la PCP, España exigirá una discriminación positiva para Canarias, con base en el trato especial que le confiere, para compensar sus desventajas estructurales permanentes y contribuir a su desarrollo sostenido, el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam.

En un plano general, el Ministerio considera "la situación de los recursos pesqueros evaluada por ICES de una manera fragmentada y con criterios de esa organización que afectan a la consideración de la evaluación de la situación real de los stocks" y solicita un dictamen del STECF sobre la situación biológica y estrategias de recuperación. Además, reivindica la intervención de los estados en las modificaciones a la limitación de acceso a los recursos y demanda informes que evalúen el impacto socioeconómico de la reforma "que no existen, como tampoco existe uno sobre la situación socioeconómica de las regiones dependientes de la pesca, exigencia previa del Reglamento para llevar a cabo esta reforma. Además, sugiere la consulta a los estados miembros para evaluar las flotas afectadas.

El Ministerio pone en tela de juicio la "situación catastrofista" que muestra el documento y señala que esa impresión es debida a la aplicación de una "deficiente metodología y a la variedad de datos escogidos".

Asimismo, la Secretaria General de Pesca Marítima considera improcedente la derogación de un principio del Tratado de la Unión que incluye el principio de igualdad de acceso de los buques comunitarios a las aguas y recursos de la Comunidad desde 1972.

En este sentido, el Ejecutivo rechaza que el Consejo revise las restricciones de acceso a las aguas comunitarias para España, una vez concluido el final del período transitorio tras su adhesión en 1985, con el fin de "garantizar que no se mantiene ninguna discriminación temporal para la flota española". Además, esta primera evaluación critica la asunción de competencias por parte de la Comisión porque "suponen una quiebra del principio de equilibrio de poderes, y van más allá de las competencias de desarrollo normativo que el Consejo ha otorgado a esta institución", dado su cariz político y la competencia ejecutiva de este órgano comunitario.

En este sentido, considera "inaceptable la propuesta de establecer un procedimiento de infracción contra los estados miembros carentes de requisitos legales, proceso de toma de decisiones, y de garantías de defensa, por el mero hecho de que la Comisión tenga indicios del incumplimiento de las normas de conservación e inspección que afecten negativamente a los recursos".

Inaceptable

El Ministerio también se muestra en contra de que la Comisión adopte decisiones "de tan alto calado, como la paralización total de las actividades pesqueras y los desembarques para determinadas categoría de buques, puertos, regiones o zonas".

En cuanto a la reprogramación de fondos estructurales, el Ministerio se opone a su obligatoriedad, así como a "la eventual suspensión de las ayudas comunitarias por parte de la Comisión si un estado miembro no cumple con el régimen de entradas y salidas de la flota o con la comunicación de los datos de la flota".