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El Gobierno remite a la Fiscalía el material para ilegalizar Batasuna

El Ministerio de Justicia inició ayer los trámites para aplicar la nueva Ley de Partidos a los abertzales vascos por no condenar el atentado de Santa Pola; al mismo tiempo, se intensificaron los contactos entre las fuerzas políticas para buscar el procedimiento más adecuado.

EFE, Madrid
7/ago/02 3:29 AM
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El ministro de Justicia, José María Michavila, ha remitido ya al Fiscal General del Estado "todo el material de que dispone" en relación con la actividad de Batasuna, "a los efectos de que ponga en marcha la ilegalización" de este partido, informaron fuentes gubernamentales.

Michavila también ha creado un grupo de trabajo en la Abogacía General del Estado "para estos mismos efectos" con el objetivo de recabar y estudiar toda la información "en el más breve espacio de tiempo posible".

Además, el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, ha iniciado ya contactos con los líderes del PSOE, CiU y Coalición Canaria para "dialogar sobre la forma de poner en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna", informaron las mismas fuentes.

Según explicaron, Mariano Rajoy ya ha hablado con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y, "desde el Gobierno", se está hablando con el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Xavier Trias, y con los dirigentes de CC.

La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó inmediatamente los estudios preparatorios para la posible presentación de una demanda de ilegalización de Batasuna a raíz de los últimos pronunciamientos de sus dirigentes y "sus maniobras para eludir la condena" del atentado de ETA en Santa Pola (Alicante).

Según informó la Fiscalía en un comunicado, esta actuación, ordenada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, "se realiza en uso de la legitimación que, con este fin, otorga la actual Ley de Partidos Políticos al Ministerio Público, y sin perjuicio de que el Gobierno ejerza a su vez esta facultad al amparo de la mencionada ley".

Con este fin, la Fiscalía está recabando elementos de prueba y contrastándolos con el texto legislativo, de forma que, "a la luz de la realidad que se vive en el País Vasco, se pueda presentar en el futuro dicha demanda ante el órgano judicial competente", en este caso el Tribunal Supremo.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se mostró ayer a favor de la ilegalización, aunque advirtió que esta situación perjudicará el trabajo policial.