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El principio del fin de Batasuna

Gobierno y Fiscalía piden al Supremo que ilegalice Batasuna por ser la "prolongación del terrorismo en la política". Para Michavila, es "la gran demanda de la democracia española".

COLPISA, Madrid
4/sep/02 5:04 AM
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El Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentaron ayer ante el Tribunal Supremo sus demandas para ilegalizar a HB, EH y Batasuna por vulnerar la Ley de Partidos Políticos. Los dos textos, que ocupan miles de folios, llegaron al registro del alto tribunal junto a 26 carpetas y seis cajas repletas de pruebas. Entre ellas hay diapositivas, cintas de vídeo, fotografías, informes policiales y grabaciones magnetofónicas que evidencian supuestas vulneraciones de la ley llevadas a cabo por dirigentes y militantes de la coalición "abertzale" desde su promulgación, el pasado 27 de julio.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acudió al Tribunal Supremo para presentar la demanda del Ministerio Público, que consta de 73 folios y seis cajas con documentación y sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Media hora antes, lo había hecho en representación del Gobierno un responsable de la Abogacía del Estado. La demanda del Ejecutivo era mucho más voluminosa: 10 mil folios, 26 carpetas y las más de mil pruebas con las que pretende demostrar que Batasuna es una prolongación de ETA dentro de las instituciones.

Terroristas a sueldo

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró después de la presentación de la demanda que la petición formulada ayer por el Gobierno a los jueces constituye el instrumento previsto por la ley para poner fin "a la impunidad de un partido político que tiene a sueldo, con nuestros impuestos, a los terroristas".

Para el ministro, son numerosos los hechos que demuestran que Batasuna es "la prolongación del terrorismo en la política". De acuerdo con la tesis del Ejecutivo, habría puesto al servicio de ETA las subvenciones que recibe de las instituciones, sus sedes políticas, el censo electoral para seleccionar posibles objetivos, sus espacios electorales gratuitos en televisión e incluso la gestión de los ayuntamientos en los que gobierna.

Por estas razones, Michavila, que puntualizó que el Ejecutivo no pretende enviar a nadie a la clandestinidad, considera que la petición del Gobierno es "la gran demanda de la democracia" contra el terrorismo. "Todos van a poder defender sus ideas, pero sin bombas ni pistolas". Para Michavila, HB, EH y Batasuna han utilizado desde su fundación "todos los privilegios y resquicios de la democracia" para eludir la acción de la justicia.