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El Gobierno Canario debe indemnizar a un inválido por caerle una rama encima


EFE, Madrid
9/sep/02 9:46 AM
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El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó al Gobierno de Canarias a pagar 284.729 euros a un hombre que ha quedado inválido al caerle encima una rama de un árbol mientras visitaba el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Supremo rechaza el recurso de esta Comunidad Autónoma que planteó que la reclamación había sido presentada fuera de plazo y que la mujer del herido no estaba legitimada para presentar la demanda.

La víctima, José Manuel C.V. se encontraba visitando el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz en las primeras horas de la tarde del 7 de enero de 1992 cuando "resultó golpeado fuertemente en la cabeza como consecuencia de la caída de una rama de un árbol grande", que le provocó una invalidez importante y precisa tratamiento "antipiléptico de manera indefinida".

El Supremo rechaza el argumento del Gobierno Canario de que la caída de la rama se produjo a consecuencia del fuerte viento que se levantó en ese momento y que al ser un hecho imprevisible no constituía "fuerza mayor".

Podría haberse evitado

"El hecho acaecido fue previsible y podría haberse evitado cerrando prudentemente las instalaciones", señala el Supremo.

Además, el Alto Tribunal considera que la mujer del afectado está legitimada para dirigir la reclamación, ya que, explica, "actuó como mandataria verbal de su marido, dada la gran invalidez de éste por efecto del golpe recibido con la caída de la rama del árbol" y porque "las lesiones y las gravísimas secuelas sufridas por su marido la convierten, cuanto menos, en perjudicada moralmente por el hecho acontecido".

Respecto al plazo previsto por la ley de un año para formular la reclamación por responsabilidad patrimonial, el Supremo recuerda que el afectado no fue dado de alta definitivamente en el Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Juan Canalejo hasta el 14 de mayo de 1996, por lo que fue interpuesta en tiempo legal, 4 de noviembre de 1993. Además, la administración canaria alegó que no debía pagar esta cantidad a la que había sido condenado porque estaba percibiendo una pensión de invalidez y la remuneración de la persona que le atiende corre a cargo del Instituto Social de la Marina. El Supremo considera que "se llega al absurdo al considerar improcedente la cantidad fijada como indemnización por los días de incapacidad, debido al hecho de que el lesionado ha percibido la remuneración que le corresponde en virtud del derecho que a ella tiene por haber cotizado oportunamente".