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El Plan de Lucha contra la Delincuencia contempla la incorporación de policías locales

El Gobierno presentó ayer la propuesta - cuyo coste será superior a los 500 millones de euros - , que incluye una batería de medidas legislativas, operativas, así como un aumento en 20 mil del número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

EFE, Madrid
13/sep/02 5:40 AM
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El Gobierno presentó ayer el Plan de Lucha contra la Delincuencia que incluye una batería de medidas legislativas, operativas, así como un aumento en 20 mil del número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y contempla la incorporación de las policías locales a las tareas de seguridad.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, y los ministros del Interior, Angel Acebes; y de Justicia, José María Michavila, presentaron el Plan, cuyo coste será superior a los 500 millones de euros.

Rajoy señaló que la iniciativa "da respuesta a una realidad que se ha venido comprobando" y aclaró que la seguridad ciudadana se logra a través "de los mecanismo del Estado: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a la delincuencia, una Justicia rápida y rigurosa y unas fuerzas de seguridad eficaces en la prevención del riesgo e investigación de la criminalidad".

Para ello, el Plan incluye una serie de medidas legislativas que explicó Michavila, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aplicar los juicios rápidos a fin de que los delitos de "especial incidencia" como robos o hurtos sean juzgados en un máximo de 15 días y las faltas, de forma inmediata.

La nueva regulación del procedimiento abreviado permitirá celebrar el juicio en ausencia del imputado cuando la pena no exceda de dos años, cuando ahora era de uno, y se modificará la prisión provisional para que se aplique "con precisión y eficacia".

Dentro de la reforma del Código Penal destaca la introducción del denominado "periodo de seguridad" para que cuando la pena impuesta sea mayor a cinco años no se conceda el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de dicha pena y se sustituye el arresto de fin de semana, en algunos casos, por la privación de libertad.

También se introduce como obligatorio que el cómputo de los beneficios penitenciarios se haga sobre la totalidad de la pena impuesta y se amplia de cinco a diez años la duración máxima del alejamiento, de cumplimiento simultáneo con la pena de prisión "para evitar que en el transcurso del permiso el agresor pueda acercarse a la víctima".