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El Ejecutivo Canario comienza a aplicar la Ley de Tutela de las Personas Mayores

El director general de Servicios Sociales, Antonio Gil, asegura que en ninguna de las seis residencias que ha ordenado cerrar el Gobierno Autónomo ha habido maltrato, sino que se han cerrado por "mal servicio"; recuerda que "donde hay más abandono es en el domicilio".

EL DÍA, S/C de Tenerife
2/oct/02 7:06 AM
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Los derechos legales y efectivos de las personas mayores, y en particular evitar y prevenir la falta de atención y los malos tratos a las personas mayores, es una de las tres ponencias que se debatirán en el III Congreso Canario de las Personas Mayores, cuyos trabajos de debate y participación fueron inaugurados el pasado lunes de manera oficial.

"Creemos que es necesario anticiparnos y en caso de que se den, detectarlos y tratar de corregir la situación", indicó, en declaraciones a EL DÍA, el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, Antonio Gil, quien aseguró que "en donde más peligra el abandono es en el propio domicilio". "Desgraciadamente - añadió - hay personas de las que no se tiene conocimiento porque sus familiares no los atienden adecuadamente o porque los servicios sociales del Ayuntamiento o del Servicio Canario de Salud no tienen constancia de que exista esa persona sola sin asistencia".

"Tenemos que seguir profundizando en el cuidado y atención a estas personas y bien pasarles a un recurso o ponerles más apoyo de atención domiciliaria y comprobar que tienen una calidad de vida aceptable, porque las personas quieren estar en sus casas, pero no abandonadas", añadió.

Antonio Gil explicó que los expertos entienden que los malos tratos a las personas mayores provienen de la falta de atención, gente semiabandonada o mal atendida, pero no tanto porque se les inflijan castigos corporales. "Ahí aparece la tutela como una forma de garantizar el derecho de los mayores a ser cuidados cuando no tienen capacidad y además les vigile y garantice esa atención".

Esta alternativa ya la ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, aseguró, en "cinco o seis casos, pero irá a más. Es inicial, pero ya existe un número de personas a las que se ha aplicado la incapacitación judicial con la tutela de una institución que garantice sus derechos.

Algunas de esas personas, destacó, "estaban en la calle, abandonadas, y por tener algún tipo de incapacidad, probablemente demencia o algo de este tipo, se les ha incapacitado judicialmente con un expediente y se les ha llevado a un centro para ser atendida y recuperarlos y por último a una residencia normalizada".

El director general de Servicios Sociales descartó que los malos tratos sean el motivo del cierre de seis residencias de la tercera edad en Tenerife y Lanzarote, sino por un "servicio inadecuado, por incumplimiento de la normativa, que lo que busca es una calidad suficiente, de mínimos aceptados".

Gil agregó que la mayor parte de las residencias que existen en Canarias están "en un nivel básico "y lo que pretendemos con el Plan Sociosanitario es alcanzar un nivel óptimo y quienes no cumplan al menos ese básico serán cerradas".

El III Congreso Regional de las Personas Mayores abordará además el envejecimiento en Canarias, su peso demográfico y los servicios y prestaciones que serán necesarios y la participación de este sector en la sociedad.