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Bermúdez acusa a Antonio Gil de "incapacidad" y pide que dimita

Una subvención de 72.121 euros para la creación de centros de día de salud mental desata una tormenta política entre el Cabildo y la Consejería de Asuntos Sociales.

Hoy, encierro en Presidencia
10/oct/02 19:27 PM
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Representantes de las dos asociaciones de familiares de enfermos mentales de Tenerife, AFES y ATELSAM, acordaron ayer en la asamblea celebrada en el Centro del Voluntariado iniciar hoy, a las 12:00 horas del mediodía, un encierro en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, en protesta por el retraso de la firma del convenio del PIRP. Durante la reunión pusieron en entredicho la capacidad de gestión del consejero Marcial Morales. Esta medida de presión coincide con la conmemoración, también hoy, del Día Mundial de la Salud Mental, en el que las asociaciones pretendían celebrar la ratificación del documento por el Ejecutivo que garantizaría la financiación regular de todos los centros y actividades de inserción sociolaboral. EL DÍA, S/C de Tenerife

José Manuel Bermúdez, consejero de Acción Social, Sanidad y Deportes del Cabildo de Tenerife, exigió ayer, en declaraciones a EL DÍA, la "dimisión" inmediata del director general de Servicios Sociales, Antonio Gil, por su "incapacidad" en la tramitación del convenio del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (PIRP), cuya aprobación por el Gobierno de Canarias esperan con impaciencia los enfermos mentales de Tenerife y sus familiares desde principios de 2001.

La chispa que ha encendido la llama ha sido una nota de Prensa hecha pública ayer por Asuntos Sociales, cuyo contenido corroboró horas más tarde a este rotativo el propio Antonio Gil, en la que se asegura que el convenio del PIRP "únicamente está a la espera de que el Cabildo tinerfeño justifique las subvenciones concedidas por el Gobierno canario en el año 2001 para la puesta en marcha de centros de atención diurna para estos enfermos".

Según explicó el titular de Servicios Sociales, el Gobierno de Canarias entregó el año pasado a la Corporación insular una subvención 72.121 euros (12 millones de pesetas) correspondientes a la última fase de la red de centros de día, que, aseguró, no ha sido justificada.

"Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias han dado la conformidad al convenio del plan y está autorizado el gasto plurianual, sólo falta que se autorice a los consejeros (de Sanidad y Empleo y Asuntos Sociales) a firmar el documento", dijo Antonio Gil, que añadió que Intervención ha detectado la falta del informe preceptivo sobre la justificación de la subvención de 2001 y que en virtud del decreto 337 de la Consejería de Hacienda, ratificado por el Ejecutivo regional, "queda prohibido entregar fondos públicos" en circunstancias como la apuntada.

Estas declaraciones han provocado un gran malestar en el Cabildo de Tenerife que, en reiteradas ocasiones, ha reclamado al Ejecutivo un mayor compromiso con los enfermos mentales de la Isla y liderado la puesta en marcha del dispositivo de centros y recursos.

José Manuel Bermúdez señaló de antemano que "los familiares de los enfermos pueden estar tranquilos porque el Cabildo inaugurará antes de diciembre, cofinanciado con el Gobierno, cuatro centros de día y cuatro talleres ocupacionales con independencia de la firma del convenio".

Seguidamente, declaró que la Corporación "devolverá" a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales la subvención de 2001, solicitada en septiembre se ese año "en contra de mi voluntad" porque se carecía de tiempo material para invertir el dinero y justificar el gasto. Sin embargo, añadió que se pidió finalmente "para hacerle un favor al Gobierno, que iba a perder un dinero destinado a los enfermos mentales, aunque fue un error".

Criticó que, en esta ocasión, "no se haya optado por recurrir a una convalidación, como se hizo con Tindaya" y que el Ejecutivo "trate al Cabildo como una organización sin ánimo de lucro" y "nos ocasione problemas como este en el 80 por ciento de los asuntos".

El consejero de Acción Social declaró que anteayer puso en conocimiento de Marcial Morales su disconformidad con cualquier manifestación por parte de su Consejería en los términos en los que finalmente se expresó Antonio Gil, sobre el que dijo "si yo fuera director general de Servicios Sociales y durante un año no se hubiera aprobado el convenio ya hubiera presentado la dimisión".