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Román Rodríguez se hizo el "sueco"

El presidente evitó ayer cruzarse con los familiares de enfermos mentales que se concentraron en Santa Cruz ante una sede de Presidencia cerrada a cal y canto.

EL DÍA, S/C de Tenerife
11/oct/02 19:27 PM
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El Gobierno de Canarias se cerró a cal y canto ayer a las reivindicaciones de casi medio centenar de familiares de enfermos mentales de Tenerife que se concentraron, a partir del mediodía, ante las puertas de la sede de Presidencia, en protesta por el retraso de más de año y medio de la firma por el Ejecutivo del convenio del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (PIRP), que dotará a este colectivo de enfermos de una red de centros de día y de capacitación.

Aunque el propósito de los manifestantes era el de acceder al interior del edificio, en el que se hallaba el presidente de la Comunidad Autónoma, Román Rodríguez, tuvieron que conformarse con protagonizar una ruidosa pero pacífica sentada en el zaguán, no sin antes producirse un forcejeo entre alguno de los familiares y efectivos de los Cuerpos de Seguridad motivado por el cierre de la puerta principal para impedirles la entrada.

"Esto es peor que con Franco", "es una vergüenza que nos impidan entrar", protestaron algunos de los familiares, que calificaron de "desproporcionado" el dispositivo policial que custodiaba la sede, pese al que consiguieron abrir la cancela exterior de hierro forjado. El otro obstáculo fue infranqueable, ya que se reforzó con tacos o clavos una segunda puerta, lo que se interpretó como una acción impropia y a la defensiva por parte del Gobierno hacia un grupo de personas cuya media de edad rondaba los 60 años, comentaron, cuyo objetivo era el de protestar no el de atacar.

Las críticas se acentuaron cuando, pasada la una de la tarde, llegó una docena de guardias civiles para escoltar al presidente del Gobierno en su abandono del edificio. Salió por el garaje sin mediar una palabra siquiera con una delegación de los afectados, lo que se interpretó como una ofensa y una discriminación. Precisamente, Román Rodríguez se comprometió en su discurso de investidura a solucionar la escasez de recursos asistenciales en salud mental, un asunto que supone una merma en los derechos constitucionales de estos enfermos, unos 7 mil sólo en Tenerife.

Para aplacar los ánimos de los manifestantes, salieron al zaguán el director del Área de Salud de Tenerife, Andrés Hernández, y el director de Salud Mental del Servicio Canario de Salud, Juan de la Fuente.

La última oferta del Gobierno, comunicó Hernández, es otra reunión, esta vez de los consejeros de Sanidad y Empleo y Asuntos Sociales para la próxima semana, entre el lunes y el jueves, que fue acogida como más de lo mismo pero que finalmente se aceptó con la condición de que el punto de partida de la conversación sea que el Ejecutivo anuncie que llevará al próximo Consejo de Gobierno la aprobación del convenio del PIRP.

Fernando Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermos Mentales (FEAFES - Canarias), exigió la dimisión del director general de Servicios Sociales, Antonio Gil, por su "incapacidad" para resolver el problema, cuyo último escollo es la falta de justificación no de una sino de cinco subvenciones entregadas por el Gobierno al Cabildo de Tenerife.