Irregularidades y reparaciones

UN SERVIDOR, QUE NO TIENE nada personal contra el señor consejero de Empleo y Asuntos Sociales de este Gobierno Autónomo, sino contra su gestión administrativa y su capacidad política, aconsejaría a Don Román Rodríguez, nuestro amado presidente, que pusiera un securitas permanentemente al lado de Don Marcial Morales. Pero no para garantizarle su seguridad, que en estos Peñascos no se usan los atentados, cuando más, un tirón, sino para, provisto el guardián de una mordaza, se la colocara inmediatamente al señor consejero cada vez que abra la boca, por si se le ocurre hacer declaraciones. Ahora Don Marcial, apenas saber que el "affaire" ICFEM es un caso archivado, ha dirigido sus iras contra el grupo socialista del Parlamento regional para cuyos miembros pide que sean condenados a los infiernos y, de ser posible, a aquella piscina de excrementos acuosos por cuya superficie pasa, cada poco, una especie de guillotina que obligaba al condenado a sumergir la cabeza en el caldo. Todo porque, como la casi totalidad de los ciudadanos de estas región e, incluso, forasteros, se permitieron dudar de la gestión de algunos responsables de la Consejería cuando se perdió el rumbo de varios miles de millones de subvención a empresas, sindicatos y organismos que deberían haber llevado a cabo cursos de formación profesional para trabajadores, en general, parados. Esos fondos procedían de la Unión Europea, se demostró palpablemente que fueron mal administrados y la misma Audiencia de Cuentas admitió irregularidades que reflejó en su informe.

Hay que admitir que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas mandó archivar el caso ICFEM porque el Ministerio Fiscal "no encontró indicios suficientes para la interposición de una demanda en tal procedimiento". Y el auto indica que "los derechos de la Comunidad Autónoma han quedado absolutamente protegidos por haber sido reintegradas todas las subvenciones en las que se había detectado irregularidades". Entendemos que "reintegradas" o justificadas. Y de estas justificaciones también se duda, porque no sabemos si, como en el fraude detectado por el Gobierno de Madrid aparece como especialista en fagot, que, como se sabe, es un difícil instrumento musical, un obrero de la empresa Bazán que, me parece, construye barcos, aquí puede que un mago del campo de los altos de Chío figure como especialista en la Dirección de Orquesta.

Que quede claro que jamás he sospechado que ningún responsable se haya quedado con un duro, pero sí que ha habido casos de torpeza y, acaso, de ignorancia en la gestión de esos fondos y de irresponsabilidad por no haber seguido de cerca el desarrollo de los cursos que resultaron fantasmas. Nadie tiene que demostrar su honradez y su honestidad porque, que sepa, no se pone en duda esas cualidades, sino su capacidad y su responsabilidad como gestor. Quizás pagaron justos por pecadores porque, por ejemplo, cuando Don Víctor Díaz, que es un profesional de alta cualificación, llegó a la Consejería de Trabajo, se encontró con el lío armado y me consta que trató, por todos los medios, de solucionarlo. Y tampoco puede acusarse a Don Marcial Morales de no haber hecho lo posible por terminar de esclarecer el caso. Pero ni uno ni otro pueden extrañarse y, menos, cabrearse porque la ciudadanía tenga dudas cuando se produce una irregularidad de tanta envergadura.