Canarias

Arenas adelanta a Soria que Las Palmas será "gran ciudad"

El presidente del Partido Popular de Canarias se reunió ayer en Madrid con el secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas para abordar el proceso de segunda descentralización de competencias.

EL DÍA/EFE, Tenerife/Madrid
14/nov/02 16:30 PM
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El alcalde de Las Palmas y presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, aseguró ayer a "Efe" que el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, le ha avanzado que la localidad de la que es regidor estará incluida en la futura Ley de Grandes Ciudades.

Así lo comentó Soria en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde mantuvo un encuentro con Arenas "en su doble condición de secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas", para abordar cuestiones que afectan al Archipiélago y a la relación del partido con Coalición Canaria.

El alcalde de Las Palmas preguntó a Arenas acerca de cómo va a afectar a los Ayuntamientos el proceso de segunda descentralización de competencias, "y sobre todo, acerca del pacto local".

"He abordado, en mi condición de alcalde de Las Palmas, cómo va la elaboración de la Ley de Grandes Ciudades, y creo que no va a haber ningún problema, según me ha dicho el ministro, para que la ciudad esté incluida en esta ley en función del número de habitantes", aseguró.

Por ello, Soria solicitó a Arenas que se celebre "una comisión bilateral entre el Ministerio y el propio Ayuntamiento" con el fin de avanzar en esta cuestión.

La futura Ley de Grandes Ciudades empezó a dar sus primeros pasos hace casi un año, siendo titular del Ministerio de Administraciones Públicas Jesús Posada.

Según el primer borrador de esta norma, presentado por Posada en el Senado, la capital grancanaria quedaría equiparada a Bilbao, Valencia y Sevilla, por detrás de Madrid y Barcelona.

Una cascada de competencias

En dicho borrador se establecía que las ciudades que entren a formar parte de esta categoría reciban un auténtico aluvión de competencias que en la actualidad pertenecen a los Cabildos y Gobierno Autónomo.

Entre el amplio abanico competencial que concedía esta Ley a las "grandes ciudades", según el citado informe, destacaba la bonificación en los tributos locales, la creación de un órgano específico para créditos y tesorería y la puesta en marcha de un tribunal "económico-administrativo".

El texto también aludía a que estas ciudades recibirían más dinero que el que les corresponde por su población de derecho, al entender que es la de hecho la que utiliza a diario sus recursos. Igualmente, ampliaba las funciones de la Policía Local, añadiendo algunas de la Policía Judicial.